INFORME de DEFENSA INDIGENA[1]
respecto de la
SITUACIÓN TERRITORIAL (LEYES 26160 Y DE DESMONTES)
de las comunidades indígenas del Departamento Orán
San Ramón de la Nueva Orán, 16 de Agosto de 2008
Introducción.
Importancia e inmediatez. Creemos que este informe es muy importante, ya que muestra una realidad distinta a los informes oficiales. La mayoría de los informes individuales que se ven aquí han sido escritos por las mismas comunidades en un encuentro realizado al respecto en la UNSa (delegación Orán) el día sábado 16 de agosto de 2008, otras por conocimiento de Defensa Indígena Orán. El presente informe ha tratado de dar preponderancia a las comunidades, su gran mayoría, que permanecen invisibles a los ojos de la Nación y del público en general, por lo que algunas más conocidas (como Tinkunaku, con sus reclamos legítimos y conflictos latentes) estarán casi excluidas del presente informe. Otras comunidades no han participado del encuentro (en el caso de Barrio Evita, cuyas autoridades están accidentadas en este momento), sin embargo hacemos una reseña de lo que verdaderamente conocemos y nos consta; otras comunidades no conocemos su realidad, pero intuimos que sufren lo que casi todas: el conflicto de tierras y el sufrimiento de no saber donde van a ser excluidos el día de mañana.
La ley 26160. Creemos, y por ello lo presentamos, primeramente al INADI, que el Estado Argentino no quiere cumplir con sus obligaciones internacionales[2] y nacionales[3], por ello ha implementado la ley 26160, para excusarse de la obligación de medir y escriturar las tierras. Esta ley, creemos, es puramente formal y todo su “cumplimento” se basa en informes oficiales sobre los conflictos más conocidos de tierras. A casi dos años de la ley, miles de comunidades no tienen conocimiento si esta ley se irá (ni como exigir su cumplimiento) a cumplir sobre sus tierras urbanas o rurales. Sin embargo, lo que estamos aplicando (judicialmente) ya en tres casos en Orán es la parte de suspensión de los desalojos para las comunidades de Barrio 17 de octubre, Barrio Caballito y Barrio Mitre de la ciudad de Orán.
Comunidades urbanas: Podemos decir con altísimo grado de certeza que, de esta ley, quedarán afuera todas las comunidades urbanas de la provincia de Salta, por lo menos. El drama –o tragedia, si es más correcto- de las comunidades urbanas[4] es inconmensurable: primero porque están desarraigados[5] no solo de tierras donde son de origen, sino de su propia soberanía alimentaria[6] de sus costumbres religiosas respecto de la tierra, de su idioma[7], su cultura de cuidar la tierra, la de sentirse extranjeros en otro lugar y con ellos el chicanismo o tumanquismo de renegar las nuevas generaciones de su propia cultura y sentirse de una raza con “la piel que quema”. A más de ese infierno, las comunidades urbanas no tienen títulos de propiedad de sus tierras y, en su mayoría, están siendo desalojados con procesos avanzados en ese orden (la Comunidad de Barrio 17 de Octubre tiene 7 sentencias de desalojo de más de cinco familias cada una). Las familias indígenas que se asentaron en estos terrenos han ido creciendo pero no han progresado ni se han “acriollados” por lo que siguen sin poder progresar en términos occidentales y se fueron amontonando en esos pequeños terrenos (a veces 4 familias en un terreno de 5 x 10 metros, vé Cua Cuariño Ge Zenta), y es otro infierno dentro del infierno que significa la ciudad para ellos. Muchas veces estas comunidades están determinadas por los caciques políticos (cacique en el sentido de burocracia política, Max Weber Que es la burocracia, ed. Pléyade 1965) y no se interesan en la vida comunitaria (que permanece latente) y solo se preocupan por el plan jefe de hogar, por el bolsón municipal y por las becas educativas del INAI y así algunos de sus presidentes actúan como punteros políticos. Por suerte en estos últimos tiempos se está dando una especie de redención de esa situación en la que ya han sido desplazados indígenas punteros tales como Raúl Mena, Diego Sandalio y Basilio Tolabí, entre otros. La situación de las comunidades urbanas es de suma riesgosidad, por lo que es fácil ver niños muy desnutridos y prácticamente abandonados en el barro (ver foto de la niña Tamara Arabe de la Comunidad de Barrio 6 de Enero, foto tomada en marzo de 2007), también debido a que ya no tienen el sistema tradicional de salud y alimentación que han tenido en las zonas rurales.
Comunidades Rurales: Lo explicado de las comunidades sobre las comunidades urbanas, es el futuro de las comunidades actualmente rurales, el infierno. Los capitales que impulsan la expansión de la frontera agropecuaria no quieren perder ni un centímetro de su suelo e invierten mucho más del valor del mismo para invadir terreno que todavía no está en su posesión. Para ello tiene un elemento con el cual movilizan sus topadoras, todos los instrumentos legales y, cuando ellos no alcanzan, la corrupción administrativa de funcionarios, como por ejemplo la actual Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia. Lo que hacen las empresas comúnmente (ver Tinkunacu, Las Juntas, Kolla Guaraní, Iguopeigendá) es comprar la tierra con habitantes originarios adentro, tomarlos de empleados en negro y luego echarlos de las tierras. Cuando estos se resiten, pasan las topadoras sobre las construcciones para que no queden pruebas (Las Juntas, Iguopeigendá) a la vez que empiezan a comprar con amenazas las voluntades dentro de la comunidad (Estación Tabacal, Iguopeigendá, Kolla Guaraní), cuando estas plantean alguna suspensión judicialmente (Iguopeigendá, Kolla Guaraní) mandan a terceros a usurpar las tierras de la comunidad para crear conflictos internos. Es así que la Iguopeigená, aún con la posesión de 237 hectáreas, tiene diez usurpadores dentro de sus tierras, todos mandados por la Seaboard Corporation, 45 causas penales y un juicio reivindicatorio en el que el Estado se ha lavado las manos. No es difícil contestar entonces por qué de el 5% de las comunidades en el departamento Orán (y tal vez en salta) son comunidades que están habitando en sus tierras originales (rurales) y la gran mayoría sufriendo hacinamiento en un medio que no les es natural y sí es hostil (urbanos).
Desconfianza en la Administración Pública de la provincia de Salta. ¿Cómo podemos confiar en que la ley se efectivizará por una provincia que estuvo siempre del lado del exterminio?. Si para muestra sobra un botón, damos dos ejemplos de tal vez millones de acciones de exterminio en los últimos cinco años. Un ejemplo es del IPPIS[8] y el otro de la Secretaría del Medio Ambiente de Salta. Uno pertenece a la administración de Juan Carlos Romero y el toro ejemplo a la administración de Juan Manuel Urtubey[9]. El IPPIS en el año 1995, para finalizar con el conflicto de Lakha Honhat (350.000 hectáreas), una constelación de comunidades wichis y tobas del Río Pilcomayo, hizo un plesbiscito que es nulo, ahora nos piden que confiemos en el IPPIS para que nos midan y escrituren nuestras tierras. El otro ejemplo es más reciente y se trata de las comunidades Roberto García Cacique, El Tralsado y El Escrito, que tienen un litigio contra el estado para que se les escriture la tierra (Amparo Nº 1271/6 Juzgado Federal de Orán) en un estado avanzado y ya a punto de finalizar con dos estudios antropológicos favorables a la comunidad. La empresa El Alamo, de capitales Tejanos, recibió el permiso de desmonte de 30.000 hectáreas, por el gobierno de Romero dos días antes que entrara en vigencia la ley de desmontes, gracias a la gestión del abogado de la Empresa Sergio Usandivaras. Cuando asumió el gobierno de Urutubey, la Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia, Dra. Catalina Buliuvasich, paralizó el permiso de desmonte, a la Dra. se le pidió la renuncia. Este permiso tiene lugar en las tierras de la comunidad. La nueva secretaria del Medio Ambiente levanto la suspensión del permiso y, en menos de un mes y medio de gestión, fue a la comunidad (a más de 500 kilómetros y 10 horas de viaje) DOS veces a pedirle a la comunidad que acepten un trato con la empresa y que les aseguraba trabajo en el desmonte de sus propias tierras, lo que consiguió (solo la firma del cacique) luego de secuestrar y presionar al cacique en la ciudad de salta, cuestión denunciada hoy. El abogado Usandivaras es hoy funcionariod el gobierno de Urtubey. El INAI nos pide que confiemos en el gobierno de Salta ¿cómo?.
Ya se ha pedido varias veces (dos de la parte guaraní de Orán y varias por el pueblo Kolla) que el gobierno de la provincia no intervenga en estas mediciones ni procesos de la ley 26160 y ley de desmontes, pero el gobierno nacional avanzó y logró el convenio por el cual nos controla la personería jurídica con todos los conflictos que ya tuvimos (comunidad el Tabacal conflicto de la reunión del 26 de febrero de 2004, donde la Seaboard Corporation eligió el presidente de la comunidad).
1- Urundel.
Comunidad Iyigua Pentirami (brazos unidos):
más de ochocientas familias guaraníes forman la comunidad guaraní Iyigua Pentirami de la localidad de Urundel. Existen desde siempre por ser Urundel de nombre guaraní el lugar y tienen cementerio a unos ocho kilómetros de la ciudad en donde habitan actualmente. Las empresas (ferrocarril, CAISA, Agrícola Tucumana, Familia Nossetti) y los desmontes los ha ido enclavando a la comunidad en la ciudad de Urundel. La ocupación tradicional de la comunidad respecto a sus predios rurales, hoy más reducidos y amenazados de desmonte, se da por la utilización del monte leña (la ciudad no tiene gas natural), remedios, cercos de producción tradicional guaraní, utilización de madera, fabricación de leña. El avance de los desmontes ha hecho que la comunidad ya no subsista del cerco (salvo pocas familias), la caza y de la pesca en épocas en que no es temporada de cosecha de las grandes empresas terratenientes (CAISA, Nossetti y los Ingenios Ledesma y Tabacal). Se calcula que ha habido más de 5000 hectáreas desmontadas en los últimos 8 años, lo que ha reducido el espacio rural de la comunidad. La comunidad no tiene títulos de sus tierras rurales ni urbanas, por lo que en lo urbano está a la merced de las voluntades políticas, tanto es así que tienen una grabación en donde el secretario de gobierno del intendente Néstor Pedroza, secretario Orlando Leiva, dijo por su radio (es el dueño de la radio) “yo meto unos maíces dentro de una lata, la hago sonar y tengo como quinientos chiretes en menos de media hora” (los chiretes son los habitantes guaraníes). Cada día pueden menos acceder a sus tierras rurales y tienen menos cercos, y tenemos, en Defensa Indígena, fotos recientes del cementerio guaraní el más cerca de la ciudad (rio piedras), al que muy pocos pueden llegar dado lo clandestino del viaje (zonas alambradas). Hay otros dos cementerios, otro a la orilla del río seco, otro en la loma la zona del bananal y otro más en la zona del pantanoso en camino al cerro. No se ha iniciado ninguna acción judicial debido al abandono del estado respecto de esta comunidad y los pocos recursos de Defensa Indígena que ya lleva más de 150 juicios gratuitos para un solo abogado. Presidente de la comunidad es Irene García y vicepresidente Fabiana Martínez (cel. 3878562524). En las elecciones del año 2003 la comunidad apoyó a un director de escuela (Daniel Prado, fue concejal) para compensar el poder omnímodo de Pedroza (intendente), por lo que la comunidad fue castigada formándole otra comunidad (comunidad guararapo isiyegua, fundada en el año 2004) con una pequeña parte de sus propios miembros, dándosele la presidencia al puntero político Enrique Arello, quien no tiene ningún reclamo territorial, pero sí reclamos de becas y otros clientelismos. La comunidad sufre mucho la falta de titularidad de sus tierras, lo que la hace débil y discriminada, sufre desplazamientos, sufre pérdida de sus cercos, sufre pérdida de su idioma, sufre inseguridades, sufre la falta de servicios públicos en lo urbano. (fabiana martinez
Comunidad Guararapo Isiyegua:
ver anterior.
Comunidad del Bananal:
Es una comunidad de Guaraníes trabajadores rurales (Los Tucanes, Babicz, Blanco y otros) que viven siempre en una zona específica con su reclamo territorial latente en esa zona, no tenemos más datos que los aportados por Nicolás González (guaraní de la Iyigua Pentirami).
2- Colonia Santa Rosa.
Comunidad Indígena Guaraní Misión Bautista:
La comunidad tiene 300 familias y sufre lo que toda comunidad guaraní urbana: la falta de tierra para poder desarrollar su cultura. Las tierras donde viven son bajas y pertenecen a la Iglesia Bautista Argentina.
Jesús Iphá:
La comunidad guaraní Jesús Iphá, la que todavía no cuenta con el registro de su personería jurídica, están asentados en diez manzanas del norte de la ciudad de Colonia Santa Rosa. Presidenta vive en la esquina de Colombia y Ecuador. No tiene registro de Personería Jurídica.
Barrio Municipal:
La comunidad guaraní de Barrio Municipal de la Colonia Santa Rosa se ha asentado hace más de diez años (1996) en terrenos municipales y sus condiciones siguen siendo precarias al punto que luego de tantos reclamos todavía no tienen agua ni luz, mucho menos se habla de la titularización de las tierras, objeto de campaña de los intendentes Yanakis y de Dardo Quiroga, al igual que los servicios públicos esenciales (ver el video en http://www.youtube.com/watch?v=Vf3XOdtt6UE). No tiene registro de personería jurídica.
3- Pichanal.
Comunidad Ava Guaraní Misión San Francisco:
La Comunidad Guaraní de la Misión San Francisco de Pichanal habita tierras de la Provincia Franciscana de la Congregación Franciscana de la Iglesia Católica Argentina. Se asentaron allí en 1974, luego que El Ingenio y Refinería San Martín los desterrara de sus tierras originales (de La Capilla en La Loma de Hipólito Yrigoyen, vé Comunidad Indigena Guaraní Estación El Tabacal). Es una población que habita más de 44 manzanas en la ciudad de Pichanal. En 1990 a 1994 se escrituraron los terrenos del primer loteo (16 manzanas), pero sin la calidad de tierras comunitarias. El resto todavía pertenece a la Provincia Franciscana, la que quiere escriturar a nombre de la Comunidad, la que todavía está en conflicto (a pesar de haberse hecho asamblea de las 700 familias en enero de este año) por otras personerías jurídicas que ya no reclaman la representatividad de la comunidad. Es necesario que el Estado Intervenga subsidiando la entrega de las tierras y los conflictos desatados dentro de la comunidad (invasiones de criollos que hay que desalojar de esos predios).
Comunidad Ava Guaraní El Progreso:
La Comunidad Ava Guaraní del Progreso surgió a partir de una escisión de la comunidad Guaraní de Misión San Francisco (después de una inundación en el año 1996), los llevaron a las tierras donde está ahora el Barrio El Progreso en la ciudad de Pichanal y son seis manzanas. Ahí les construyeron unas viviendas precarias que están hipotecadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y desde hace tres años que reciben intimaciones para el pago de las cuotas. Hay que decir que ellos no eligieron vivir ahí, fueron trasladados y no se les aplica la ley 7121 ni la anterior provincial por las cuales no les corresponde pagar la vivienda y por constitución deben estar libres de hipoteca. Cabe señalar que en el año 2004 la provincia quiso privatizar las hipotecas del IPV.
Comunidad Ava Guaraní Villa Rallé:
La comunidad de Villa Rallé proviene de una parte de la Loma de Hipólito Yrigoyen llamada La Loma o La Cruz y se asentaron, en 1968, en los predios afuera de la ciudad porque el intendente (Abraham Rallé –padre-) no quería que se introdujeran en la ciudad y les dijo que se fueran a vivir a la orilla del río, de ahí el nombre de Rallé. En ese predio pasaba ya un gaseoducto y con el paso del tiempo también pusieron otros gaseoductos; lo que se suma que, debido al crecimiento de la población, se hizo la escuela en la comunidad, donde por su puerta pasan tres gaseoductos. En el año 2005 Abraham Rallé, por intermedio de su hermana Pocha Rallé –directora de esa escuela- quien tenía a su mando al presidente Flores de la Comunidad (+), le puso a la comunidad un abogado e hizo así una posesión veinteañal a su nombre, prometiendo que la empresa TGN (de los gaseoductos) compraría terrenos y casas para la comunidad en otro lado si ellos hacían protestas de cortes de ruta. La misma hermana del nuevo propietario, como directora de escuela, sacó los niños guaraníes en mayo del año 2005 a la ruta a hacer un corte por ese reclamo. La empresa TGN se comprometió a restablecer 250 familias de las 400 que viven ahí, pero hasta el día de hoy no tienen un lugar seguro de destino y siguen durmiendo en camas que a la noche tiemblan cuando limpian los poliductos.
Comunidad Misión Wichí:
La comunidad Misión Wichí sufre la misma intimación administrativa para pagar las casas construidas por la provincia de salta (IPV) con hipoteca sobre sus terrenos y no tienen el reconocimiento de la propiedad comunitaria con las garantías que exige la constitución, (en la foto, canal lleno de sangre del frigorífico bermejo al lado está la escuela Eva Perón de la Misión Wichí)
Comunidad Wichi El Algarrobito:
Comunidad Wichí que habita en el paraje El Algarrobito del lote 12 de Pichanal, tierra fiscal hasta 1995, lote reclamado por las comunidades guaraníes y wichis urbanas que habitan en el departamento de Orán por intermedio de la Junta de Caciques que tenía lugar en la Secretaría de los pueblos Indigenas de la Misión San Francisco de Pichanal. Esta comunidad, según el contacto de defensa Indígena (Adolfo Luna DNI 17.134.798, miembro de la comunidad Misión Wichí de Pichanal) no tiene relación con la civilización ni habla castellano.
4- Ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Comunidad Indígena Guaraní Estación el Tabacal:
Es conocido el conflicto de Estación el Tabacal desde la represión suscitada el 16 de septiembre de 2003, ya hace cinco años. En aquel momento recibieron la promesa ministerial de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, por entonces la Lic. Alicia Kirchner, de mandar por el poder ejecutivo la ley de expropiación. El proyecto se hizo en el INAI pero nunca se mandó a la cámara de diputados. La Comunidad ha sufrido, a causa de este conflicto de tierras, injerencias e iniquidades por parte de la Empresa Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL (en adelante el ingenio, perteneciente a la multinacional Seaboard Corporation). Una de ellas fue que El Ingenio, con complicidad del poder político (municipio de Yrigoyen y Gobierno de la Provincia de Salta) trajo a la ciudad de Yrigoyen a Rogelio Guanuco (presidente del AIRA en ese momento) para hacer una asamblea de destitución de Gumercinda Mónica Romero con el fin de hacer perder el reclamo de tierras, asamblea que se realizó el 26 de febrero de 2005. Esa asamblea fue custodiada por la policía de la provincia, de la que se dictó nulidad ese mismo año en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y suponemos que hubo una gran inversión en ella (lo que es una maniobra repetida en el ingenio, ver Comunidad Iguopeigendá). En el año 2004 el Ingenio le inicia un juicio a la comunidad de interdicto de retener la posesión, donde pedían una medida cautelar de no innovar. Actualmente la comunidad tiene ganado desde hace dos años una medida de no innovar en contra del Ingenio San Martín pero está recurrida y no tiene aplicación legal ni concreta donde los guardias del Ingenio custodian la tierra y tienen que entrar esquivando la violencia de esos guardias para entrar a sus tierras, que son cinco mil hectáreas de la zona alta al frente de la ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Comunidad Ava Guaraní Hipolito Yrigoyen:
Gran parte de la comunidad, al menos la nueva generación de la comunidad se asentó en tierras provinciales que la provincia compró al Ingenio San Martín en el año 2003, donde no tienen titularidad de los terrenos ni los servicios básicos elementales como ser agua y luz, están ahí desde el año pasado y son aproximadamente 50 familias que viven en esa situación. Su cacique es Juvencio Peña.
5- Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio 6 de enero:
La Comunidad guaraní de Barrio 6 de enero de la ciudad de Orán se proviene de la comunidad de Barrio Abraham Balut y se habían asentado en una manzana contigua al barrio perteneciente a la institución de Bomberos Voluntarios en el año 1998 teniendo una gran represión por ese hecho en ese año y nos desalojaron. Como no podíamos volver a nuestros hogares, plenamente hacinados, la municipalidad nos llevó a unas zonas inhabitables por ser una zona baja ex laguna donde queda el barrio seis de enero y nuestros niños en épocas de noviembre a marzo (lluvias) tienen que asistir a la escuela con barro hasta arriba del talón. Actualmente estamos reclamando porque nos están cobrando las tierras donde vivimos por contrato municipal y nos desconocen como comunidad. cacica Juana Castillo.
Comunidad Guaraní Balut:
Asentados hace más de veinte años. Las diez manzanas del Barrio pertenecen a la Sucesión de Simón Abraham, existen contratos firmados con los sucesores para la compra de la tierra, firmados bajo la amenaza de desalojo. A todo esto hay que sumarle dos manzanas de Federico Knudsen, que fueron objeto de ley de utilidad pública en el año 2005 y hoy ya caducó esa ley, más las tres manzanas ocupadas el 5 de mayo del año 2007, con ley de utilidad pública del 15 de noviembre de 2007.
Comunidad Guaraní Barrio Maravillas:
Es uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad de Orán y hace cuarenta años aproximadamente habitan las 15 manzanas que ocupa el Barrio A pesar de tener personería jurídica registrada hace varios años, la municipalidad de Orán quiere cobrarles por sus tierras, haciéndoles firmar un contrato por el cual les hace perder la posesión de las tierras, desconociendo la comunidad indígena y la obligación del Estado Argentino. Roberto Rojas y Norma Segundo autoridades de la comunidad. Tiene registrada su personería jurídica.
Comunidad Cua Cuariño Ge Zenta:
La comunidad Cua Cuariño Ge Zenta viene de una de las Colonias del Ingenio a asentarse en 1960 en tierras entre la ruta 50 y las vías del ferrocarril por motivos de trabajo en la Frutícola del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal. Esto es, en predios del ferrocarril dentro de la ciudad de Orán. Desde allí ocuparon por espacio de 36 años tres manzanas, hasta que la Diputada Zulema Beatriz Daher los saca de allí con la promesa de gestionar el título y construirles viviendas en el año 1996. La diputada gestionó la entrega de los terrenos a la municipalidad sin que el cargo de entregarlo a la comunidad estuviera en la escritura que otorgara la ONABE, y ahora el municipio desconoce tal obligación. Hasta ello la comunidad está hacinada en una pequeña franja que ha construido sus viviendas sobre las vías, a veces viviendo hasta 4 familias en un terreno de 8x15 metros, por lo que tuvieron que seguir ocupando los terrenos originarios con letrinas porque se hacía insoportable vivir con un baño en esa pequeña parcela. El estado actual es que entran en conflicto con la Municipalidad porque esta quiere construir una Terminal de Omnibus allí. Sus reclamos son por tres manzanas. Presidenta Maria Alpire 03878 15446946.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Evita:
Provienen de los lotes del Ingenio y se asentaron en el año 1986 en tierras cuya titularidad figura a nombre del Sucesorio de Ricardo Bernaldez. Hoy los sucesores están reclamando judicialmente esas tierras y sus terrenos tienen tres embargos del abogado de la sucesión -Justo Antonio Herrera- quien pretende rematar las tierras. Ocupa una de las dos manzanas del Barrio Evita en la ciudad de Orán. Presidenta Beatriz Sandalio
Comunidad Ava Guaraní de Barrio 17 de Octubre:
Provienen de la Colonia F del Ingenio y en 1992 se asentaron en lo que hoy es Barrio 17 de Octubre. Ocupan seis cuadras de las cuales tres son fiscales y las otras dos pertenecen al Sr. Martin, una a unos hermanos Aguilera y la última al Dr. Justo Antonio Herrera. Tienen siete sentencias de desalojo que involucra a 45 familias. Presidenta Elena Fernández 03878 1590232
Comunidad Ava Guaraní Barrio 1º de Mayo:
Esta comunidad escindida de la Comunidad Ava Guaraní campo Chico y Comunidad Ava Guaraní Barrio Aeroparque en un asentamiento que se hiciera el 27 de junio de 2007 sobre unas 20 manzanas (conocido como Asentamiento 1º de Mayo o Barrio Juan Taranto), sin embargo la comunidad no ocupa más de 205 terrenos. La zona está expropiada desde el 15 de noviembre de 2007 para entregar las tierras a sus ocupantes, pero la comunidad no está reconocida como tal y tampoco se ha pagado ni en parte la ley de utilidad pública. La personería Jurídica no tiene aún registro.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Maderero:
La Comunidad Guaraní de Barrio Maderero se asienta sobre las dos manzanas que no están sobre la avenida Pueyrredón y no cuentan con la titularidad de las tierras ni tienen ninguna solución (la titularidad es de la sucesión Nabanuel), están poseyendo por haberse asentado clandestinamente hace más de treinta años en ese lugar.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Estación:
La comunidad de Barrio Estación es grande y está asentada desde 1977 y mayoritariamente desde 1996 en terrenos del Ferrocarril, ahora pasados a la Municipalidad de Orá, que quiere cobrar por tales terrenos en total desconocimiento de la personería de la comunidad ava guaraní y de la Constitución Nacional. En este momento, desde el 15 de diciembre de 2007, tienen cuatro manzanas más habitadas por un asentamiento en el barrio de tierras que antes eran del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, con sentencia de lanzamiento en causa penal, para 250 familias guaraníes. Rosa Perez cacique 03878 15540546.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Campo Chico:
El primer asentamiento por la comunidad que viene de las colonias C, D y H del Ingenio (cuando se jubilaban se iban a asentar ahí) se inicia en el año 1982, cuando era una plantación de naranjas abandonadas y con monte menor, y en el año 1992 la municipalidad de Orán da el contrato por el cual tenemos que pagar por las tierras que ocupamos, desconociendo nuestra organización guaraní. En el año 1996, con los despidos masivos del Ingenio de esas colonias del Ingenio San Martín, se integra la comunidad de forma permanente. La mayoría de la comunidad tiene los contratos municipales de cuotas totalmente impagas y vencidas, pero sabemos que nos corresponde que el Estado reconozca nuestros terrenos como propiedad comunitaria, ya que no los podemos pagar al precio que pide la municipalidad, ni a ningún precio. Solicitamos a la Nación que nos mida y nos escriture en propiedad comunitaria. Ahora, en esta nueva intendencia, se han renovado las intimaciones municipales para la cobranza y actualización de las cuotas que no tendríamos que pagar según la ley 26160. Son unas 350 familias y ocupan cuatro manzanas del Barrio. El presidente de la comunidad es la Sra. Nilda Segundo. Contacto: Vicente Rivero, tel. 03878- 15445592
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Caballito:
Se asentaron en el año 1977 aproximadamente y ocupan 48 manzanas sobre la ruta 50, provienen de la Colonia Z del Ingenio del Tabacal. La titularidad de las tierras figura a nombre de la Municipalidad de la ciudad de Orán. En el año 2007 el ex intendente Barberá propone un plan de pagos para poder adquirir la propiedad de las tierras, por el que se emiten hasta el presente en forma mensual las boletas de pagos. Están pagando entre pesos siete mil y doce mil pesos un terreno en el que viven hace treinta años, cuando corresponde que por ley 26160 les escrituren como propiedad comunitaria con las garantías constitucionales. Cacique Ignacio Rodas, contacto Gregorio Martinez y Dolores Cachari 03875 15449440
Comunidad Guaraní Barrio Mitre:
En el año 1972 aproximadamente vinieron de la Colonia D (lote Mercedes) por los despidos del Ingenio San Martín del Tabacal a asentarse en tierras que pertenecían a Juan Zamar (hoy sucesión del Dr. Juan Zamar en San Salvador de Jujuy), hoy lo que es Barrio Mitre. Hubo hace 35 años una ley de expropiación pero nunca se pagó. Tiene una extensión de cuatro manzanas. Presidenta de la Comunidad Rosa Romero (te. 03878 15505971).
Comunidad Ava Guaraní Barrio 2 de Abril:
Se asentaron en el año 1998, provienen de familias guaraníes de distintos barrios que estaban hacinado en sus hogares. Consta de dos manzanas en el barrio de dicho nombre en la ciudad de Orán. Aún al día de hoy no tienen los servicios públicos elementales como agua ni luz, mucho menos la titularidad de las tierras, cuya titularidad pertenece al sucesorio de Miguel Saade y tienen sentencia de desalojo. Autoridades Walter Héctor Arroyo presidente (cel 03878 15590739), Martina Sixta Méndez cacica (cel 03878 15550576)
Comunidad Ava Gauraní de Barrio 9 de Julio:
Asentados en Barrio 9 de Julio aproximadamente hace 15 años, son tierras municipales y no cuentan con ninguna clase de título de propiedad. Son aproximadamente 70 familias se encuentran en esa situación de precariedad. No tiene registrada la personería jurídica.
Comunidad Indígena Ava Guaraní Ñamboete Ñande Ñee de Barrio Pueyrredón:
Presidente de la comunidad Raúl Gustavo Díaz (cel 03878 15577798), Ricardo Abandillo vocal primero. No tiene registrada la personería jurídica y ni titularidad de las tierras.
6- Orán.
Comunidad Tupi Guaraní Iguopeigendá:
Está ubicada en El Algarrobal - Río Blanco Banda Sur y sus noticias se remontan al siglo XVI, las tierras fueron compradas por Robustiano Patrón Costas y hoy tiene la titularidad el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, empresa con la cual mantienen un conflicto que ha llegado a ser sangriento (la empresa SEARCH SA, guardia de seguridad del Ingenio, irrumpió en terrenos de la comunidad y reprimieron a los miembros de la comunidad tan ferozmente que dejaron lisiado de por vida a Benjamín Flores). La empresa tiene perdido ya un juicio posesorio en contra de la comunidad, pero la empresa está demandando a la comunidad por un juicio reivindicatorio en la que EL ESTADO ARGENTINO abandona a la comunidad para dejarla en una supuesta “paridad de condiciones” para litigar frente a la empresa multinacional SEABOARD CORPORATION. La comunidad ha recuperado la posesión de 232 hectáreas en las condiciones señaladas, pero faltan recuperar otras 300 hectáreas más. Hoy sufren la usurpación (y desmonte) de terceros (que tienen antecedentes penales) mandados por la empresa para luego comprarle la posesión.
Comunidad Indígena Kolla Guaraní Rio Blanco Banda Norte:
La comunidad de Río Blanco Banda Norte es una comunidad Kolla que ha sido desalojada el dos de marzo de 2005, quedando afuera de sus tierras por 45 días hasta que se logró restituirlos a sus tierras. La titularidad de las tierras las tiene una empresa holandesa (Riozenta SRL) que ha comprado 6000 hectáreas a un precio de pesos diez mil a la empresa Higamar SA. Los predios de la comunidad consta de 707 hectáreas sin contar la costa del río (que no entró en el plano por un tecnicismo de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia).
Comunidad Kolla Las Juntas Paraje el Oculto:
Se cuentan con antecedentes de más de cien años de posesión de las tierras de Finca el Oculto por la comunidad Kolla de Las Juntas. Hace diez años la empresa Madenort SA compró la finca, pasó la aplanadora por las casas de la comunidad y sembró 100 hectáreas de gravilea. Como la comunidad no se fue del lugar, los tomó como empleados para su propia finca. A principios de este año, ya despedidos todos y sin que se vayan, la empresa los denunció de usurpación y la jueza hizo lugar a una medida cautelar de no innovar.
Comunidad Kolla de Finca San Ignacio:
Esta comunidad tiene tanta antigüedad como la de Finca El Oculto (Comunidad Las Juntas) y hasta hace unos diez años hasta tenían una escuela en la Comunidad. Hace unos quince años apareció el titular registral de las tierras y pasó también topadora a las casas de los miembros de la comunidad, alambró gran parte de la comunidad y los amenazó de que se fueran. Muchos migraron hacia la ciudad de Orán o fincas alrededor, por lo que se cerró la escuela tiempo después. Los que quedaron, a la orilla del río crian ganado vacuno, cabras y ovejas, pero el año pasado la empresa ( que fue variando de nombre: CEPROR, San Ignacio SRL, San Ignacio SA) puso vacas propias y está desalojando ya totalmente la finca que consta de unas 5000 hectáreas en el camino entre Finca el Oculto e Isla de Cañas (departamento Iruya). Presidente Juan Armando Aguirre. Inscripción de la Personería Juridica en trámite.
Comunidad Kolla Tinkunaku:
Es conocido el reclamo de tierras de la Comunidad Tinkunaku, por lo que se obvia en este informe. (para su actualización, preguntar al teléfono de la comunidad 03878- 423242).
Comunidad Kolla Isla Del Rio Pescado:
La comunidad Kolla Isla de Río Pescado habita en una formación de isla formada hace unos veinticinco años en el Río Pescado antes de atravesar el puente de la ruta 50, a la altura del puesto Cabo Romero Nº 28 de Gendarmería Nacional. No tienen titularidad de la Isla, la cual consta de 25 hec´tareas de tierra fértil, siendo alrededor de 50 hectáreas toda la isla y es su medio de subsistencia. No tienen puente para llegar allí, por lo que tienen que sacar la producción de frutos en gomones en épocas en que el río viene crecido.
Aguas Blancas.
Comunidad Guaraní Arroyo Solazuty:
La comunidad de Solazuti es una de las comunidades guaraníes más tradicionales del departamento, conservando su religión, idioma, culturas intactos, tanto que hasta conservan cantos rituales funerarios guaraníes, además de los aretes y mbimbi o festejos anuales. Vivian desde años inmemoriales a las márgenes del bermejo a la altura de la desembocadura del Arroyo Solazuty entre el Rio Pescado y la ciudad de Aguas Blancas. A fines de los años 1980 o a principios de los años 1990, el titular de la tierra (Granados, de nacionalidad española) los desterró de allí y fueron a parar a orillas de la ruta contra el Arroyo Solazuty, queriendo ser desterrados por el titular de esas tierras (Molina, de nacionalidad española) y quedaron actualmente viviendo bajo del puente. El Arroyo Solazuty fue tocado desde sus nacientes para que los miembros de la comunidad no tuvieran agua, y desde el año 2004, en épocas de junio a septiembre, la comunidad tiene que colar agua en una remera para sacar los renacuajos y poder tomar el agua por lo bajo que viene el Arroyo.
Tapé Iguapeguí:
La Comunidad de Tapé Iguapeguí cuenta con la posesión de más de 50.000 hectáreas a lo largo de todo el Río Tarija en las márgenes argentinas, terriblemente azotado por invasiones de bolivianos que invaden las zonas llanas para plantar cañas de azúcar a fin contrabandearlas y venderlas al Ingenio Azucarero Bermejo (cerca de la ciudad de Bermejo, Tarija, Bolivia). Si bien esta comunidad pertenece al departamento San Martín, entra en este informe por que administrativamente en la salud y otros (INTA) tenemos más conocimiento porque pertenece a la administración Provincial de Orán. Además de estas invasiones, no tiene título de ninguna de sus tierras, sufriendo un juicio de desalojo en el año 1998, que actualmente está paralizado porque tuvieron que resignar más de 4000 hectáreas a una empresa que los estaba coaccionando con las topadoras y recibir nulamente 250 hectáreas. Las demás hectáreas son zonas altamente conflictivas porque son de propiedad de Madenort SA (vé lo dicho sobre Comunidad Kolla Las Juntas) y tierras fiscales. Pasan Por allí 5 ductos de hidrocarburos y existen más de 50 pozos de petróleo, por lo que se ven amenazados no solo de desmontes, sino de desastres ambientales por emprendimientos mineros.
[1] Defensa Indígena es una Organización No Gubernamental dedicada a defender los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, sus Pobladores y Comunidades, tanto en los abusos de los gobernantes y empresas, como en el despojo de sus tierras tradicionales. Viene trabajando en esa dirección desde el año 2003 y está integrada por miembros y dirigentes de comunidades indígenas, con asesoramiento de profesionales de distintas áreas: abogacía, ciencias políticas, medicina, ciencias de la educación, ingenieros. Actualmente está presidida por Vicente Rivero (Comunidad Campo Chico), vicepresidenta Gumercinda Monica Romero (Comunidad Estación El Tabacal), secretaría Flavia Vilca (Angosto del Paraní), prosecretaría Gregorio Martinez (Comunidad Caballito), Fiscalizadores Ines Quiroga (Comunidad Mitre) y Rosa Perez (Comunidad Estación), Tesorera Gregoria López (Comunidad Iguopeigendá), protesorero Luis Segundo (Comunidad 9 de Julio), Vocal Marta Barrientos (Comunidad 17 de Octubre).
[2] C169OIT, CDDHH SJ Costa Rica
[3] leyes 23.302, Constitución Nacional, ley 24071
[4] comunidades indígenas que viven en la ciudad
[5] en la gran mayoría de los casos por la fuerza y por la expulsión que significa la expansión de la frontera agropecuaria, cfr. Gastón Gordillo, El Río y la frontera, 2003, Byblos
[6] los wichis de La Unión, dpto. Rivadavia Bda Sur, comen lo que recolectan de los basureros de la ciudad
[7] nunca se cumplió la educación bilingüe y su más grande enemigo es la discriminación que YA han sufrido: Los guaraníes (tanto de la ciudad de Orán como en la Misión San Francisco me he encontrado con esta historia) de una edad entre 50 y 60 años NO QUIEREN enseñar a sus hijos el idioma guaraní ni que lo aprendan pues ellos sufrían en la propia escuela violencia y discriminación por parte de las maestras que los castigaban y les decían delante de todos “no hablen ese dialecto de borrachines” (en orán, por obra del Ingenio, se conoce al idioma guaraní como un “dialecto” para no darle categría de idioma).
[8] Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, creado por ley 6373 de la provincia, suplantada por la ley 7121.
[9] Ver Comunicado de la Red de Derechos Humanos en http://www.salta21.com/spip.php?article832
respecto de la
SITUACIÓN TERRITORIAL (LEYES 26160 Y DE DESMONTES)
de las comunidades indígenas del Departamento Orán
San Ramón de la Nueva Orán, 16 de Agosto de 2008
Introducción.
Importancia e inmediatez. Creemos que este informe es muy importante, ya que muestra una realidad distinta a los informes oficiales. La mayoría de los informes individuales que se ven aquí han sido escritos por las mismas comunidades en un encuentro realizado al respecto en la UNSa (delegación Orán) el día sábado 16 de agosto de 2008, otras por conocimiento de Defensa Indígena Orán. El presente informe ha tratado de dar preponderancia a las comunidades, su gran mayoría, que permanecen invisibles a los ojos de la Nación y del público en general, por lo que algunas más conocidas (como Tinkunaku, con sus reclamos legítimos y conflictos latentes) estarán casi excluidas del presente informe. Otras comunidades no han participado del encuentro (en el caso de Barrio Evita, cuyas autoridades están accidentadas en este momento), sin embargo hacemos una reseña de lo que verdaderamente conocemos y nos consta; otras comunidades no conocemos su realidad, pero intuimos que sufren lo que casi todas: el conflicto de tierras y el sufrimiento de no saber donde van a ser excluidos el día de mañana.
La ley 26160. Creemos, y por ello lo presentamos, primeramente al INADI, que el Estado Argentino no quiere cumplir con sus obligaciones internacionales[2] y nacionales[3], por ello ha implementado la ley 26160, para excusarse de la obligación de medir y escriturar las tierras. Esta ley, creemos, es puramente formal y todo su “cumplimento” se basa en informes oficiales sobre los conflictos más conocidos de tierras. A casi dos años de la ley, miles de comunidades no tienen conocimiento si esta ley se irá (ni como exigir su cumplimiento) a cumplir sobre sus tierras urbanas o rurales. Sin embargo, lo que estamos aplicando (judicialmente) ya en tres casos en Orán es la parte de suspensión de los desalojos para las comunidades de Barrio 17 de octubre, Barrio Caballito y Barrio Mitre de la ciudad de Orán.
Comunidades urbanas: Podemos decir con altísimo grado de certeza que, de esta ley, quedarán afuera todas las comunidades urbanas de la provincia de Salta, por lo menos. El drama –o tragedia, si es más correcto- de las comunidades urbanas[4] es inconmensurable: primero porque están desarraigados[5] no solo de tierras donde son de origen, sino de su propia soberanía alimentaria[6] de sus costumbres religiosas respecto de la tierra, de su idioma[7], su cultura de cuidar la tierra, la de sentirse extranjeros en otro lugar y con ellos el chicanismo o tumanquismo de renegar las nuevas generaciones de su propia cultura y sentirse de una raza con “la piel que quema”. A más de ese infierno, las comunidades urbanas no tienen títulos de propiedad de sus tierras y, en su mayoría, están siendo desalojados con procesos avanzados en ese orden (la Comunidad de Barrio 17 de Octubre tiene 7 sentencias de desalojo de más de cinco familias cada una). Las familias indígenas que se asentaron en estos terrenos han ido creciendo pero no han progresado ni se han “acriollados” por lo que siguen sin poder progresar en términos occidentales y se fueron amontonando en esos pequeños terrenos (a veces 4 familias en un terreno de 5 x 10 metros, vé Cua Cuariño Ge Zenta), y es otro infierno dentro del infierno que significa la ciudad para ellos. Muchas veces estas comunidades están determinadas por los caciques políticos (cacique en el sentido de burocracia política, Max Weber Que es la burocracia, ed. Pléyade 1965) y no se interesan en la vida comunitaria (que permanece latente) y solo se preocupan por el plan jefe de hogar, por el bolsón municipal y por las becas educativas del INAI y así algunos de sus presidentes actúan como punteros políticos. Por suerte en estos últimos tiempos se está dando una especie de redención de esa situación en la que ya han sido desplazados indígenas punteros tales como Raúl Mena, Diego Sandalio y Basilio Tolabí, entre otros. La situación de las comunidades urbanas es de suma riesgosidad, por lo que es fácil ver niños muy desnutridos y prácticamente abandonados en el barro (ver foto de la niña Tamara Arabe de la Comunidad de Barrio 6 de Enero, foto tomada en marzo de 2007), también debido a que ya no tienen el sistema tradicional de salud y alimentación que han tenido en las zonas rurales.
Comunidades Rurales: Lo explicado de las comunidades sobre las comunidades urbanas, es el futuro de las comunidades actualmente rurales, el infierno. Los capitales que impulsan la expansión de la frontera agropecuaria no quieren perder ni un centímetro de su suelo e invierten mucho más del valor del mismo para invadir terreno que todavía no está en su posesión. Para ello tiene un elemento con el cual movilizan sus topadoras, todos los instrumentos legales y, cuando ellos no alcanzan, la corrupción administrativa de funcionarios, como por ejemplo la actual Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia. Lo que hacen las empresas comúnmente (ver Tinkunacu, Las Juntas, Kolla Guaraní, Iguopeigendá) es comprar la tierra con habitantes originarios adentro, tomarlos de empleados en negro y luego echarlos de las tierras. Cuando estos se resiten, pasan las topadoras sobre las construcciones para que no queden pruebas (Las Juntas, Iguopeigendá) a la vez que empiezan a comprar con amenazas las voluntades dentro de la comunidad (Estación Tabacal, Iguopeigendá, Kolla Guaraní), cuando estas plantean alguna suspensión judicialmente (Iguopeigendá, Kolla Guaraní) mandan a terceros a usurpar las tierras de la comunidad para crear conflictos internos. Es así que la Iguopeigená, aún con la posesión de 237 hectáreas, tiene diez usurpadores dentro de sus tierras, todos mandados por la Seaboard Corporation, 45 causas penales y un juicio reivindicatorio en el que el Estado se ha lavado las manos. No es difícil contestar entonces por qué de el 5% de las comunidades en el departamento Orán (y tal vez en salta) son comunidades que están habitando en sus tierras originales (rurales) y la gran mayoría sufriendo hacinamiento en un medio que no les es natural y sí es hostil (urbanos).
Desconfianza en la Administración Pública de la provincia de Salta. ¿Cómo podemos confiar en que la ley se efectivizará por una provincia que estuvo siempre del lado del exterminio?. Si para muestra sobra un botón, damos dos ejemplos de tal vez millones de acciones de exterminio en los últimos cinco años. Un ejemplo es del IPPIS[8] y el otro de la Secretaría del Medio Ambiente de Salta. Uno pertenece a la administración de Juan Carlos Romero y el toro ejemplo a la administración de Juan Manuel Urtubey[9]. El IPPIS en el año 1995, para finalizar con el conflicto de Lakha Honhat (350.000 hectáreas), una constelación de comunidades wichis y tobas del Río Pilcomayo, hizo un plesbiscito que es nulo, ahora nos piden que confiemos en el IPPIS para que nos midan y escrituren nuestras tierras. El otro ejemplo es más reciente y se trata de las comunidades Roberto García Cacique, El Tralsado y El Escrito, que tienen un litigio contra el estado para que se les escriture la tierra (Amparo Nº 1271/6 Juzgado Federal de Orán) en un estado avanzado y ya a punto de finalizar con dos estudios antropológicos favorables a la comunidad. La empresa El Alamo, de capitales Tejanos, recibió el permiso de desmonte de 30.000 hectáreas, por el gobierno de Romero dos días antes que entrara en vigencia la ley de desmontes, gracias a la gestión del abogado de la Empresa Sergio Usandivaras. Cuando asumió el gobierno de Urutubey, la Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia, Dra. Catalina Buliuvasich, paralizó el permiso de desmonte, a la Dra. se le pidió la renuncia. Este permiso tiene lugar en las tierras de la comunidad. La nueva secretaria del Medio Ambiente levanto la suspensión del permiso y, en menos de un mes y medio de gestión, fue a la comunidad (a más de 500 kilómetros y 10 horas de viaje) DOS veces a pedirle a la comunidad que acepten un trato con la empresa y que les aseguraba trabajo en el desmonte de sus propias tierras, lo que consiguió (solo la firma del cacique) luego de secuestrar y presionar al cacique en la ciudad de salta, cuestión denunciada hoy. El abogado Usandivaras es hoy funcionariod el gobierno de Urtubey. El INAI nos pide que confiemos en el gobierno de Salta ¿cómo?.
Ya se ha pedido varias veces (dos de la parte guaraní de Orán y varias por el pueblo Kolla) que el gobierno de la provincia no intervenga en estas mediciones ni procesos de la ley 26160 y ley de desmontes, pero el gobierno nacional avanzó y logró el convenio por el cual nos controla la personería jurídica con todos los conflictos que ya tuvimos (comunidad el Tabacal conflicto de la reunión del 26 de febrero de 2004, donde la Seaboard Corporation eligió el presidente de la comunidad).
1- Urundel.
Comunidad Iyigua Pentirami (brazos unidos):
más de ochocientas familias guaraníes forman la comunidad guaraní Iyigua Pentirami de la localidad de Urundel. Existen desde siempre por ser Urundel de nombre guaraní el lugar y tienen cementerio a unos ocho kilómetros de la ciudad en donde habitan actualmente. Las empresas (ferrocarril, CAISA, Agrícola Tucumana, Familia Nossetti) y los desmontes los ha ido enclavando a la comunidad en la ciudad de Urundel. La ocupación tradicional de la comunidad respecto a sus predios rurales, hoy más reducidos y amenazados de desmonte, se da por la utilización del monte leña (la ciudad no tiene gas natural), remedios, cercos de producción tradicional guaraní, utilización de madera, fabricación de leña. El avance de los desmontes ha hecho que la comunidad ya no subsista del cerco (salvo pocas familias), la caza y de la pesca en épocas en que no es temporada de cosecha de las grandes empresas terratenientes (CAISA, Nossetti y los Ingenios Ledesma y Tabacal). Se calcula que ha habido más de 5000 hectáreas desmontadas en los últimos 8 años, lo que ha reducido el espacio rural de la comunidad. La comunidad no tiene títulos de sus tierras rurales ni urbanas, por lo que en lo urbano está a la merced de las voluntades políticas, tanto es así que tienen una grabación en donde el secretario de gobierno del intendente Néstor Pedroza, secretario Orlando Leiva, dijo por su radio (es el dueño de la radio) “yo meto unos maíces dentro de una lata, la hago sonar y tengo como quinientos chiretes en menos de media hora” (los chiretes son los habitantes guaraníes). Cada día pueden menos acceder a sus tierras rurales y tienen menos cercos, y tenemos, en Defensa Indígena, fotos recientes del cementerio guaraní el más cerca de la ciudad (rio piedras), al que muy pocos pueden llegar dado lo clandestino del viaje (zonas alambradas). Hay otros dos cementerios, otro a la orilla del río seco, otro en la loma la zona del bananal y otro más en la zona del pantanoso en camino al cerro. No se ha iniciado ninguna acción judicial debido al abandono del estado respecto de esta comunidad y los pocos recursos de Defensa Indígena que ya lleva más de 150 juicios gratuitos para un solo abogado. Presidente de la comunidad es Irene García y vicepresidente Fabiana Martínez (cel. 3878562524). En las elecciones del año 2003 la comunidad apoyó a un director de escuela (Daniel Prado, fue concejal) para compensar el poder omnímodo de Pedroza (intendente), por lo que la comunidad fue castigada formándole otra comunidad (comunidad guararapo isiyegua, fundada en el año 2004) con una pequeña parte de sus propios miembros, dándosele la presidencia al puntero político Enrique Arello, quien no tiene ningún reclamo territorial, pero sí reclamos de becas y otros clientelismos. La comunidad sufre mucho la falta de titularidad de sus tierras, lo que la hace débil y discriminada, sufre desplazamientos, sufre pérdida de sus cercos, sufre pérdida de su idioma, sufre inseguridades, sufre la falta de servicios públicos en lo urbano. (fabiana martinez
Comunidad Guararapo Isiyegua:
ver anterior.
Comunidad del Bananal:
Es una comunidad de Guaraníes trabajadores rurales (Los Tucanes, Babicz, Blanco y otros) que viven siempre en una zona específica con su reclamo territorial latente en esa zona, no tenemos más datos que los aportados por Nicolás González (guaraní de la Iyigua Pentirami).
2- Colonia Santa Rosa.
Comunidad Indígena Guaraní Misión Bautista:
La comunidad tiene 300 familias y sufre lo que toda comunidad guaraní urbana: la falta de tierra para poder desarrollar su cultura. Las tierras donde viven son bajas y pertenecen a la Iglesia Bautista Argentina.
Jesús Iphá:
La comunidad guaraní Jesús Iphá, la que todavía no cuenta con el registro de su personería jurídica, están asentados en diez manzanas del norte de la ciudad de Colonia Santa Rosa. Presidenta vive en la esquina de Colombia y Ecuador. No tiene registro de Personería Jurídica.
Barrio Municipal:
La comunidad guaraní de Barrio Municipal de la Colonia Santa Rosa se ha asentado hace más de diez años (1996) en terrenos municipales y sus condiciones siguen siendo precarias al punto que luego de tantos reclamos todavía no tienen agua ni luz, mucho menos se habla de la titularización de las tierras, objeto de campaña de los intendentes Yanakis y de Dardo Quiroga, al igual que los servicios públicos esenciales (ver el video en http://www.youtube.com/watch?v=Vf3XOdtt6UE). No tiene registro de personería jurídica.
3- Pichanal.
Comunidad Ava Guaraní Misión San Francisco:
La Comunidad Guaraní de la Misión San Francisco de Pichanal habita tierras de la Provincia Franciscana de la Congregación Franciscana de la Iglesia Católica Argentina. Se asentaron allí en 1974, luego que El Ingenio y Refinería San Martín los desterrara de sus tierras originales (de La Capilla en La Loma de Hipólito Yrigoyen, vé Comunidad Indigena Guaraní Estación El Tabacal). Es una población que habita más de 44 manzanas en la ciudad de Pichanal. En 1990 a 1994 se escrituraron los terrenos del primer loteo (16 manzanas), pero sin la calidad de tierras comunitarias. El resto todavía pertenece a la Provincia Franciscana, la que quiere escriturar a nombre de la Comunidad, la que todavía está en conflicto (a pesar de haberse hecho asamblea de las 700 familias en enero de este año) por otras personerías jurídicas que ya no reclaman la representatividad de la comunidad. Es necesario que el Estado Intervenga subsidiando la entrega de las tierras y los conflictos desatados dentro de la comunidad (invasiones de criollos que hay que desalojar de esos predios).
Comunidad Ava Guaraní El Progreso:
La Comunidad Ava Guaraní del Progreso surgió a partir de una escisión de la comunidad Guaraní de Misión San Francisco (después de una inundación en el año 1996), los llevaron a las tierras donde está ahora el Barrio El Progreso en la ciudad de Pichanal y son seis manzanas. Ahí les construyeron unas viviendas precarias que están hipotecadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y desde hace tres años que reciben intimaciones para el pago de las cuotas. Hay que decir que ellos no eligieron vivir ahí, fueron trasladados y no se les aplica la ley 7121 ni la anterior provincial por las cuales no les corresponde pagar la vivienda y por constitución deben estar libres de hipoteca. Cabe señalar que en el año 2004 la provincia quiso privatizar las hipotecas del IPV.
Comunidad Ava Guaraní Villa Rallé:
La comunidad de Villa Rallé proviene de una parte de la Loma de Hipólito Yrigoyen llamada La Loma o La Cruz y se asentaron, en 1968, en los predios afuera de la ciudad porque el intendente (Abraham Rallé –padre-) no quería que se introdujeran en la ciudad y les dijo que se fueran a vivir a la orilla del río, de ahí el nombre de Rallé. En ese predio pasaba ya un gaseoducto y con el paso del tiempo también pusieron otros gaseoductos; lo que se suma que, debido al crecimiento de la población, se hizo la escuela en la comunidad, donde por su puerta pasan tres gaseoductos. En el año 2005 Abraham Rallé, por intermedio de su hermana Pocha Rallé –directora de esa escuela- quien tenía a su mando al presidente Flores de la Comunidad (+), le puso a la comunidad un abogado e hizo así una posesión veinteañal a su nombre, prometiendo que la empresa TGN (de los gaseoductos) compraría terrenos y casas para la comunidad en otro lado si ellos hacían protestas de cortes de ruta. La misma hermana del nuevo propietario, como directora de escuela, sacó los niños guaraníes en mayo del año 2005 a la ruta a hacer un corte por ese reclamo. La empresa TGN se comprometió a restablecer 250 familias de las 400 que viven ahí, pero hasta el día de hoy no tienen un lugar seguro de destino y siguen durmiendo en camas que a la noche tiemblan cuando limpian los poliductos.
Comunidad Misión Wichí:
La comunidad Misión Wichí sufre la misma intimación administrativa para pagar las casas construidas por la provincia de salta (IPV) con hipoteca sobre sus terrenos y no tienen el reconocimiento de la propiedad comunitaria con las garantías que exige la constitución, (en la foto, canal lleno de sangre del frigorífico bermejo al lado está la escuela Eva Perón de la Misión Wichí)
Comunidad Wichi El Algarrobito:
Comunidad Wichí que habita en el paraje El Algarrobito del lote 12 de Pichanal, tierra fiscal hasta 1995, lote reclamado por las comunidades guaraníes y wichis urbanas que habitan en el departamento de Orán por intermedio de la Junta de Caciques que tenía lugar en la Secretaría de los pueblos Indigenas de la Misión San Francisco de Pichanal. Esta comunidad, según el contacto de defensa Indígena (Adolfo Luna DNI 17.134.798, miembro de la comunidad Misión Wichí de Pichanal) no tiene relación con la civilización ni habla castellano.
4- Ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Comunidad Indígena Guaraní Estación el Tabacal:
Es conocido el conflicto de Estación el Tabacal desde la represión suscitada el 16 de septiembre de 2003, ya hace cinco años. En aquel momento recibieron la promesa ministerial de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, por entonces la Lic. Alicia Kirchner, de mandar por el poder ejecutivo la ley de expropiación. El proyecto se hizo en el INAI pero nunca se mandó a la cámara de diputados. La Comunidad ha sufrido, a causa de este conflicto de tierras, injerencias e iniquidades por parte de la Empresa Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL (en adelante el ingenio, perteneciente a la multinacional Seaboard Corporation). Una de ellas fue que El Ingenio, con complicidad del poder político (municipio de Yrigoyen y Gobierno de la Provincia de Salta) trajo a la ciudad de Yrigoyen a Rogelio Guanuco (presidente del AIRA en ese momento) para hacer una asamblea de destitución de Gumercinda Mónica Romero con el fin de hacer perder el reclamo de tierras, asamblea que se realizó el 26 de febrero de 2005. Esa asamblea fue custodiada por la policía de la provincia, de la que se dictó nulidad ese mismo año en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y suponemos que hubo una gran inversión en ella (lo que es una maniobra repetida en el ingenio, ver Comunidad Iguopeigendá). En el año 2004 el Ingenio le inicia un juicio a la comunidad de interdicto de retener la posesión, donde pedían una medida cautelar de no innovar. Actualmente la comunidad tiene ganado desde hace dos años una medida de no innovar en contra del Ingenio San Martín pero está recurrida y no tiene aplicación legal ni concreta donde los guardias del Ingenio custodian la tierra y tienen que entrar esquivando la violencia de esos guardias para entrar a sus tierras, que son cinco mil hectáreas de la zona alta al frente de la ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Comunidad Ava Guaraní Hipolito Yrigoyen:
Gran parte de la comunidad, al menos la nueva generación de la comunidad se asentó en tierras provinciales que la provincia compró al Ingenio San Martín en el año 2003, donde no tienen titularidad de los terrenos ni los servicios básicos elementales como ser agua y luz, están ahí desde el año pasado y son aproximadamente 50 familias que viven en esa situación. Su cacique es Juvencio Peña.
5- Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio 6 de enero:
La Comunidad guaraní de Barrio 6 de enero de la ciudad de Orán se proviene de la comunidad de Barrio Abraham Balut y se habían asentado en una manzana contigua al barrio perteneciente a la institución de Bomberos Voluntarios en el año 1998 teniendo una gran represión por ese hecho en ese año y nos desalojaron. Como no podíamos volver a nuestros hogares, plenamente hacinados, la municipalidad nos llevó a unas zonas inhabitables por ser una zona baja ex laguna donde queda el barrio seis de enero y nuestros niños en épocas de noviembre a marzo (lluvias) tienen que asistir a la escuela con barro hasta arriba del talón. Actualmente estamos reclamando porque nos están cobrando las tierras donde vivimos por contrato municipal y nos desconocen como comunidad. cacica Juana Castillo.
Comunidad Guaraní Balut:
Asentados hace más de veinte años. Las diez manzanas del Barrio pertenecen a la Sucesión de Simón Abraham, existen contratos firmados con los sucesores para la compra de la tierra, firmados bajo la amenaza de desalojo. A todo esto hay que sumarle dos manzanas de Federico Knudsen, que fueron objeto de ley de utilidad pública en el año 2005 y hoy ya caducó esa ley, más las tres manzanas ocupadas el 5 de mayo del año 2007, con ley de utilidad pública del 15 de noviembre de 2007.
Comunidad Guaraní Barrio Maravillas:
Es uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad de Orán y hace cuarenta años aproximadamente habitan las 15 manzanas que ocupa el Barrio A pesar de tener personería jurídica registrada hace varios años, la municipalidad de Orán quiere cobrarles por sus tierras, haciéndoles firmar un contrato por el cual les hace perder la posesión de las tierras, desconociendo la comunidad indígena y la obligación del Estado Argentino. Roberto Rojas y Norma Segundo autoridades de la comunidad. Tiene registrada su personería jurídica.
Comunidad Cua Cuariño Ge Zenta:
La comunidad Cua Cuariño Ge Zenta viene de una de las Colonias del Ingenio a asentarse en 1960 en tierras entre la ruta 50 y las vías del ferrocarril por motivos de trabajo en la Frutícola del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal. Esto es, en predios del ferrocarril dentro de la ciudad de Orán. Desde allí ocuparon por espacio de 36 años tres manzanas, hasta que la Diputada Zulema Beatriz Daher los saca de allí con la promesa de gestionar el título y construirles viviendas en el año 1996. La diputada gestionó la entrega de los terrenos a la municipalidad sin que el cargo de entregarlo a la comunidad estuviera en la escritura que otorgara la ONABE, y ahora el municipio desconoce tal obligación. Hasta ello la comunidad está hacinada en una pequeña franja que ha construido sus viviendas sobre las vías, a veces viviendo hasta 4 familias en un terreno de 8x15 metros, por lo que tuvieron que seguir ocupando los terrenos originarios con letrinas porque se hacía insoportable vivir con un baño en esa pequeña parcela. El estado actual es que entran en conflicto con la Municipalidad porque esta quiere construir una Terminal de Omnibus allí. Sus reclamos son por tres manzanas. Presidenta Maria Alpire 03878 15446946.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Evita:
Provienen de los lotes del Ingenio y se asentaron en el año 1986 en tierras cuya titularidad figura a nombre del Sucesorio de Ricardo Bernaldez. Hoy los sucesores están reclamando judicialmente esas tierras y sus terrenos tienen tres embargos del abogado de la sucesión -Justo Antonio Herrera- quien pretende rematar las tierras. Ocupa una de las dos manzanas del Barrio Evita en la ciudad de Orán. Presidenta Beatriz Sandalio
Comunidad Ava Guaraní de Barrio 17 de Octubre:
Provienen de la Colonia F del Ingenio y en 1992 se asentaron en lo que hoy es Barrio 17 de Octubre. Ocupan seis cuadras de las cuales tres son fiscales y las otras dos pertenecen al Sr. Martin, una a unos hermanos Aguilera y la última al Dr. Justo Antonio Herrera. Tienen siete sentencias de desalojo que involucra a 45 familias. Presidenta Elena Fernández 03878 1590232
Comunidad Ava Guaraní Barrio 1º de Mayo:
Esta comunidad escindida de la Comunidad Ava Guaraní campo Chico y Comunidad Ava Guaraní Barrio Aeroparque en un asentamiento que se hiciera el 27 de junio de 2007 sobre unas 20 manzanas (conocido como Asentamiento 1º de Mayo o Barrio Juan Taranto), sin embargo la comunidad no ocupa más de 205 terrenos. La zona está expropiada desde el 15 de noviembre de 2007 para entregar las tierras a sus ocupantes, pero la comunidad no está reconocida como tal y tampoco se ha pagado ni en parte la ley de utilidad pública. La personería Jurídica no tiene aún registro.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Maderero:
La Comunidad Guaraní de Barrio Maderero se asienta sobre las dos manzanas que no están sobre la avenida Pueyrredón y no cuentan con la titularidad de las tierras ni tienen ninguna solución (la titularidad es de la sucesión Nabanuel), están poseyendo por haberse asentado clandestinamente hace más de treinta años en ese lugar.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Estación:
La comunidad de Barrio Estación es grande y está asentada desde 1977 y mayoritariamente desde 1996 en terrenos del Ferrocarril, ahora pasados a la Municipalidad de Orá, que quiere cobrar por tales terrenos en total desconocimiento de la personería de la comunidad ava guaraní y de la Constitución Nacional. En este momento, desde el 15 de diciembre de 2007, tienen cuatro manzanas más habitadas por un asentamiento en el barrio de tierras que antes eran del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, con sentencia de lanzamiento en causa penal, para 250 familias guaraníes. Rosa Perez cacique 03878 15540546.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Campo Chico:
El primer asentamiento por la comunidad que viene de las colonias C, D y H del Ingenio (cuando se jubilaban se iban a asentar ahí) se inicia en el año 1982, cuando era una plantación de naranjas abandonadas y con monte menor, y en el año 1992 la municipalidad de Orán da el contrato por el cual tenemos que pagar por las tierras que ocupamos, desconociendo nuestra organización guaraní. En el año 1996, con los despidos masivos del Ingenio de esas colonias del Ingenio San Martín, se integra la comunidad de forma permanente. La mayoría de la comunidad tiene los contratos municipales de cuotas totalmente impagas y vencidas, pero sabemos que nos corresponde que el Estado reconozca nuestros terrenos como propiedad comunitaria, ya que no los podemos pagar al precio que pide la municipalidad, ni a ningún precio. Solicitamos a la Nación que nos mida y nos escriture en propiedad comunitaria. Ahora, en esta nueva intendencia, se han renovado las intimaciones municipales para la cobranza y actualización de las cuotas que no tendríamos que pagar según la ley 26160. Son unas 350 familias y ocupan cuatro manzanas del Barrio. El presidente de la comunidad es la Sra. Nilda Segundo. Contacto: Vicente Rivero, tel. 03878- 15445592
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Caballito:
Se asentaron en el año 1977 aproximadamente y ocupan 48 manzanas sobre la ruta 50, provienen de la Colonia Z del Ingenio del Tabacal. La titularidad de las tierras figura a nombre de la Municipalidad de la ciudad de Orán. En el año 2007 el ex intendente Barberá propone un plan de pagos para poder adquirir la propiedad de las tierras, por el que se emiten hasta el presente en forma mensual las boletas de pagos. Están pagando entre pesos siete mil y doce mil pesos un terreno en el que viven hace treinta años, cuando corresponde que por ley 26160 les escrituren como propiedad comunitaria con las garantías constitucionales. Cacique Ignacio Rodas, contacto Gregorio Martinez y Dolores Cachari 03875 15449440
Comunidad Guaraní Barrio Mitre:
En el año 1972 aproximadamente vinieron de la Colonia D (lote Mercedes) por los despidos del Ingenio San Martín del Tabacal a asentarse en tierras que pertenecían a Juan Zamar (hoy sucesión del Dr. Juan Zamar en San Salvador de Jujuy), hoy lo que es Barrio Mitre. Hubo hace 35 años una ley de expropiación pero nunca se pagó. Tiene una extensión de cuatro manzanas. Presidenta de la Comunidad Rosa Romero (te. 03878 15505971).
Comunidad Ava Guaraní Barrio 2 de Abril:
Se asentaron en el año 1998, provienen de familias guaraníes de distintos barrios que estaban hacinado en sus hogares. Consta de dos manzanas en el barrio de dicho nombre en la ciudad de Orán. Aún al día de hoy no tienen los servicios públicos elementales como agua ni luz, mucho menos la titularidad de las tierras, cuya titularidad pertenece al sucesorio de Miguel Saade y tienen sentencia de desalojo. Autoridades Walter Héctor Arroyo presidente (cel 03878 15590739), Martina Sixta Méndez cacica (cel 03878 15550576)
Comunidad Ava Gauraní de Barrio 9 de Julio:
Asentados en Barrio 9 de Julio aproximadamente hace 15 años, son tierras municipales y no cuentan con ninguna clase de título de propiedad. Son aproximadamente 70 familias se encuentran en esa situación de precariedad. No tiene registrada la personería jurídica.
Comunidad Indígena Ava Guaraní Ñamboete Ñande Ñee de Barrio Pueyrredón:
Presidente de la comunidad Raúl Gustavo Díaz (cel 03878 15577798), Ricardo Abandillo vocal primero. No tiene registrada la personería jurídica y ni titularidad de las tierras.
6- Orán.
Comunidad Tupi Guaraní Iguopeigendá:
Está ubicada en El Algarrobal - Río Blanco Banda Sur y sus noticias se remontan al siglo XVI, las tierras fueron compradas por Robustiano Patrón Costas y hoy tiene la titularidad el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, empresa con la cual mantienen un conflicto que ha llegado a ser sangriento (la empresa SEARCH SA, guardia de seguridad del Ingenio, irrumpió en terrenos de la comunidad y reprimieron a los miembros de la comunidad tan ferozmente que dejaron lisiado de por vida a Benjamín Flores). La empresa tiene perdido ya un juicio posesorio en contra de la comunidad, pero la empresa está demandando a la comunidad por un juicio reivindicatorio en la que EL ESTADO ARGENTINO abandona a la comunidad para dejarla en una supuesta “paridad de condiciones” para litigar frente a la empresa multinacional SEABOARD CORPORATION. La comunidad ha recuperado la posesión de 232 hectáreas en las condiciones señaladas, pero faltan recuperar otras 300 hectáreas más. Hoy sufren la usurpación (y desmonte) de terceros (que tienen antecedentes penales) mandados por la empresa para luego comprarle la posesión.
Comunidad Indígena Kolla Guaraní Rio Blanco Banda Norte:
La comunidad de Río Blanco Banda Norte es una comunidad Kolla que ha sido desalojada el dos de marzo de 2005, quedando afuera de sus tierras por 45 días hasta que se logró restituirlos a sus tierras. La titularidad de las tierras las tiene una empresa holandesa (Riozenta SRL) que ha comprado 6000 hectáreas a un precio de pesos diez mil a la empresa Higamar SA. Los predios de la comunidad consta de 707 hectáreas sin contar la costa del río (que no entró en el plano por un tecnicismo de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia).
Comunidad Kolla Las Juntas Paraje el Oculto:
Se cuentan con antecedentes de más de cien años de posesión de las tierras de Finca el Oculto por la comunidad Kolla de Las Juntas. Hace diez años la empresa Madenort SA compró la finca, pasó la aplanadora por las casas de la comunidad y sembró 100 hectáreas de gravilea. Como la comunidad no se fue del lugar, los tomó como empleados para su propia finca. A principios de este año, ya despedidos todos y sin que se vayan, la empresa los denunció de usurpación y la jueza hizo lugar a una medida cautelar de no innovar.
Comunidad Kolla de Finca San Ignacio:
Esta comunidad tiene tanta antigüedad como la de Finca El Oculto (Comunidad Las Juntas) y hasta hace unos diez años hasta tenían una escuela en la Comunidad. Hace unos quince años apareció el titular registral de las tierras y pasó también topadora a las casas de los miembros de la comunidad, alambró gran parte de la comunidad y los amenazó de que se fueran. Muchos migraron hacia la ciudad de Orán o fincas alrededor, por lo que se cerró la escuela tiempo después. Los que quedaron, a la orilla del río crian ganado vacuno, cabras y ovejas, pero el año pasado la empresa ( que fue variando de nombre: CEPROR, San Ignacio SRL, San Ignacio SA) puso vacas propias y está desalojando ya totalmente la finca que consta de unas 5000 hectáreas en el camino entre Finca el Oculto e Isla de Cañas (departamento Iruya). Presidente Juan Armando Aguirre. Inscripción de la Personería Juridica en trámite.
Comunidad Kolla Tinkunaku:
Es conocido el reclamo de tierras de la Comunidad Tinkunaku, por lo que se obvia en este informe. (para su actualización, preguntar al teléfono de la comunidad 03878- 423242).
Comunidad Kolla Isla Del Rio Pescado:
La comunidad Kolla Isla de Río Pescado habita en una formación de isla formada hace unos veinticinco años en el Río Pescado antes de atravesar el puente de la ruta 50, a la altura del puesto Cabo Romero Nº 28 de Gendarmería Nacional. No tienen titularidad de la Isla, la cual consta de 25 hec´tareas de tierra fértil, siendo alrededor de 50 hectáreas toda la isla y es su medio de subsistencia. No tienen puente para llegar allí, por lo que tienen que sacar la producción de frutos en gomones en épocas en que el río viene crecido.
Aguas Blancas.
Comunidad Guaraní Arroyo Solazuty:
La comunidad de Solazuti es una de las comunidades guaraníes más tradicionales del departamento, conservando su religión, idioma, culturas intactos, tanto que hasta conservan cantos rituales funerarios guaraníes, además de los aretes y mbimbi o festejos anuales. Vivian desde años inmemoriales a las márgenes del bermejo a la altura de la desembocadura del Arroyo Solazuty entre el Rio Pescado y la ciudad de Aguas Blancas. A fines de los años 1980 o a principios de los años 1990, el titular de la tierra (Granados, de nacionalidad española) los desterró de allí y fueron a parar a orillas de la ruta contra el Arroyo Solazuty, queriendo ser desterrados por el titular de esas tierras (Molina, de nacionalidad española) y quedaron actualmente viviendo bajo del puente. El Arroyo Solazuty fue tocado desde sus nacientes para que los miembros de la comunidad no tuvieran agua, y desde el año 2004, en épocas de junio a septiembre, la comunidad tiene que colar agua en una remera para sacar los renacuajos y poder tomar el agua por lo bajo que viene el Arroyo.
Tapé Iguapeguí:
La Comunidad de Tapé Iguapeguí cuenta con la posesión de más de 50.000 hectáreas a lo largo de todo el Río Tarija en las márgenes argentinas, terriblemente azotado por invasiones de bolivianos que invaden las zonas llanas para plantar cañas de azúcar a fin contrabandearlas y venderlas al Ingenio Azucarero Bermejo (cerca de la ciudad de Bermejo, Tarija, Bolivia). Si bien esta comunidad pertenece al departamento San Martín, entra en este informe por que administrativamente en la salud y otros (INTA) tenemos más conocimiento porque pertenece a la administración Provincial de Orán. Además de estas invasiones, no tiene título de ninguna de sus tierras, sufriendo un juicio de desalojo en el año 1998, que actualmente está paralizado porque tuvieron que resignar más de 4000 hectáreas a una empresa que los estaba coaccionando con las topadoras y recibir nulamente 250 hectáreas. Las demás hectáreas son zonas altamente conflictivas porque son de propiedad de Madenort SA (vé lo dicho sobre Comunidad Kolla Las Juntas) y tierras fiscales. Pasan Por allí 5 ductos de hidrocarburos y existen más de 50 pozos de petróleo, por lo que se ven amenazados no solo de desmontes, sino de desastres ambientales por emprendimientos mineros.
[1] Defensa Indígena es una Organización No Gubernamental dedicada a defender los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, sus Pobladores y Comunidades, tanto en los abusos de los gobernantes y empresas, como en el despojo de sus tierras tradicionales. Viene trabajando en esa dirección desde el año 2003 y está integrada por miembros y dirigentes de comunidades indígenas, con asesoramiento de profesionales de distintas áreas: abogacía, ciencias políticas, medicina, ciencias de la educación, ingenieros. Actualmente está presidida por Vicente Rivero (Comunidad Campo Chico), vicepresidenta Gumercinda Monica Romero (Comunidad Estación El Tabacal), secretaría Flavia Vilca (Angosto del Paraní), prosecretaría Gregorio Martinez (Comunidad Caballito), Fiscalizadores Ines Quiroga (Comunidad Mitre) y Rosa Perez (Comunidad Estación), Tesorera Gregoria López (Comunidad Iguopeigendá), protesorero Luis Segundo (Comunidad 9 de Julio), Vocal Marta Barrientos (Comunidad 17 de Octubre).
[2] C169OIT, CDDHH SJ Costa Rica
[3] leyes 23.302, Constitución Nacional, ley 24071
[4] comunidades indígenas que viven en la ciudad
[5] en la gran mayoría de los casos por la fuerza y por la expulsión que significa la expansión de la frontera agropecuaria, cfr. Gastón Gordillo, El Río y la frontera, 2003, Byblos
[6] los wichis de La Unión, dpto. Rivadavia Bda Sur, comen lo que recolectan de los basureros de la ciudad
[7] nunca se cumplió la educación bilingüe y su más grande enemigo es la discriminación que YA han sufrido: Los guaraníes (tanto de la ciudad de Orán como en la Misión San Francisco me he encontrado con esta historia) de una edad entre 50 y 60 años NO QUIEREN enseñar a sus hijos el idioma guaraní ni que lo aprendan pues ellos sufrían en la propia escuela violencia y discriminación por parte de las maestras que los castigaban y les decían delante de todos “no hablen ese dialecto de borrachines” (en orán, por obra del Ingenio, se conoce al idioma guaraní como un “dialecto” para no darle categría de idioma).
[8] Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, creado por ley 6373 de la provincia, suplantada por la ley 7121.
[9] Ver Comunicado de la Red de Derechos Humanos en http://www.salta21.com/spip.php?article832
