OTRO HERMANO MUERTO EN MANOS DE POLICIAS

ME CONSTITUYO COMO QUERELLANTE PARTICULAR
– SOLCITITO NECROPSIA – URGENTE -
Causa: NN – Muerte agravada por la función policial – Cuyebay Hernán
Expediente:
Tribunal:
Secretaría:

Sr. Juez
Florinda Myriam Flores, DNI 21.776.940, con domicilio en Islas Malvinas s/n de Barrio Municipal de la ciudad de Urundel, miembro de la Comunidad Indigena Iyigua Pentirami de Urundel (personería 026/02 del RENACI), con el patrocinio letrado del Ab. Hernán Mascietti, constituyendo domicilio procesal en Pellegrini 41, me presento respetuosamente ante VS y vengo a decir:
Que vengo en mi calidad de víctima a asumir la participación QUERELLANTE PARTICULAR, solicitando la URGENTE NECROPSIA sobre el cuerpo de la victima, según las razones que detallaré a continuación.
Que los hechos son los que mi hijo Hernán Sergio Cuyebay, de 23 años, nacido el 25 de septiembre de 1986, hijo mío y su padre Sergio Carlos Cuyebay, domiciliado en mi domicilio, lo habían privado de su libertad ese mismo día a las 1:30 hs en la comisaría de la ciudad de Urundel, único detenido en dicha comisaria, y el día 15 de diciembre de 2010 aparece fallecido en su celda, muerto desde media hora luego de su detención. Seis o siete horas luego que había muerto me avisaron de su muerte, cuando ya el cuerpo estaba en la ciudad de Orán, en el Hospital de Orán. Cuando llegué ya estaban haciéndole la autopsia. Dos policías, femenina, de Urundel estaban custodiando la puerta de la autopsia presenciando la misma. No me dejaron entrar diciéndome que ya estaba adentro el abogado de la comunidad. Enrique Arello, representante de las Comunidades Guaranies ante el IPPIS (Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta), a la mañana, me dijo que iba a poner un abogado del IPPIS en este caso. En ningún momento hubo un abogado adentro. El certificado de muerte expedido por el médico Luis Flores dice Ahorcamiento, lo que dudamos. Cuando nos entregan el cuerpo para hacer el velorio, vemos que no tiene signo de ahorcamiento como dijeran los policías con la remera, no tenía marcas en el cuello. Al revisarlo mejor, vemos que tenía marcas de golpes y contusiones en la espalda, tenía los dedos de la manos morados violáceos, como inflamados y moradas la piel atrás de las orejas, lastimada la cabeza en la zona arriba de la nuca (7 cm) en el pie derecho sobre la planta y moretones en el tobillo derecho. Sacamos fotos con un celular al cuello, el que no presenta signos de ahorcamiento sino unas lastimaduras muy localizadas. No tenía marca de cuello que rodearan su cuello, ni marca en el cuello que diera ningún signo de continuidad. Las marcas del cuello son una escoriación en la parte izquierda al centro de la papada justo debajo del hueso maxilar.
Solicito a VS que se realice una necropsia o nueva autopsia, a ver sobre las marcas en la espalda, todas con fotografías y aviso o notificación inmediata a los teléfonos 0387815441920 (de mi abogado) y 0387815458394 (a mí por este teléfono de mi hija Carolina Martín).
Ofrezco los testimonios de los vecinos Nicolás González, con domicilio en calle Islas Malvinas s/n de Barrio Mataderos de la ciudad de Urundel y Sofia Yumbay, con domicilio en mi domicilio (inquilina), ambos testigos estaban presentes cuando hicimos la revisación del cuerpo.
Será Justicia.

PRIVILEGIAN A REPRESORES Y ASESINOS DE LA TRIPLE A

Resumen: Walter Osmar Maza, ex delegado sindical detenido y torturado por gendarmería nacional en 1975, denuncia a Stella Maris Martinez por demorarle SEIS meses su constitucíón de querellante en contra de represores. La denunica por discriminación y por beneficiar (prevaricato) a los represores, pues a él le niega la participación en términos igualitarios, mientras que los represores tienen un trato preferencial (se instruye hasta "modelos de defensa para represores") y diferenciado (se pagan abogados hasta 20.000 pesos por mes más gastos de traslados, lo que hace 27mil a 30mil a costa de la defensoria, solo para que defiendan a represores). Estas defensas preferenciales y diferenciales han sido denunciadas ya de revictimizar a las victimas de terrorismo de Estado, de confraternizar con los represores más allá del límite de lo institucional (llegando hasta a burlarse de las víctimas en los pasillos), son estos abogados elegidos personalmente por la Defensora Genral (sin concurso previo) y son premiados con cargos fijos (de defensores o en otras reparticiones) en los que ella misma recomienda su afecto.

-Righi dicta resolución PGN 13/08 denunciando que las chicanas dilatorias son recurrentes, más que de las defensas privadas de los represores
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Misiones.pdf (imagen)
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/righi.html (digitalizada)

-Unidad fiscal denuncia chicanas dilatorias recurrentes son de las defensorias oficiales

http://notas.desaparecidos.org/2010/06/u_fiscal_defiende_su_accionar.html#more
- APDH Rosario denuncia trato familiar con los represores, a la vez que conburlesco hacia las víctimas
http://www.apdh-argentina.org.ar/delegaciones/rosario/documento/200911.asp

- Defensoría "móvil" revictimizando a testigos
http://ri9.cpdhcorrientes.com.ar/jornada14.htm
http://ri9.cpdhcorrientes.com.ar/cuartodia.htm
http://www.cpdhcorrientes.com.ar/alegatodefensa2-I.htm
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=3789
El mismo defensor móvil premiado, está esperando ya la designación:
http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/concursos-finalizados-nros-21-al-35-418
Llamado a concurso para cubrir la vacante de Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta (CONCURSO Nro. 32). Resolución de convocatoria: DGN Nº 265/09 Resolución de aprobación: DGN Nº 1790/09.

Esta es la denuncia entró el lunes 27 de septiembre de 2010 al despacho del procurador general de la nación

Al Procurador General
De la Nación
Dr. Esteban Righi

Su despacho:
Walter Osmar Maza, argentino, ex militante de la Tendencia Peronista en la década de 1970-1980, ex delegado sindical, detenido desaparecido en el año 1975, DNI 10.616.694, con domicilio en esquina de calles Sarmiento y Libertad de la ciudad de Pichanal, junto con Ricardo Roberto Braunstein, argentino, maestro normal nacional y activista e integrante de la Mesa Provincial de la Red en Defensa por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta (ONG, reuniones semanales los martes 15 horas en el edificio de Rectorado de la UNSa, Alvarado 551), DNI N° 7.884.292, con domicilio en calle 20 de febrero 545 de la Ciudad de Pichanal, con el patrocinio letrado del Dr. Hernán Mascietti, abogado, inscrito en el f 37 t 109 de la CFASalta, asesor jurídico de la Red en defensa de los Derechos Humanos de la Provincia de Salta y Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Regional Norte, se dirige a Vuestra Excelencia a fin de radicar una denuncia contra la Dra Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario publico agravado por discriminación y otros que evaluare el criterio de la Fiscalía de Estado de la Nación.

1) Denuncia. Denuncio, según la autoridad de su organismo, de prevaricato, incumplimiento de sus funciones, agravados por discriminación y otros delitos que Ud. considere involucrados, a Stella Maris Martinez, Defensora General de la Nación y otros responsables que Ud. considere o resulten de la investigación, fundando mi denuncia en que me estoy arbitrariamente privado de mi derecho de defensa como denunciante de mi secuestro, detención y tortura en marzo de 1975 y otras oportunidades, ya que he pedido constituirme como querellante de esta causa de torturas, mientras que a los represores se les da trato preferencial, centralizado y distinguido.
2) Hechos.
Denuncia por delitos de lesa humanidad y presentación para la querella. A los trece días del mes de abril del presente año le expresé a la defensora Dra. María Dolores Pistone que había sido detenido y torturado en marzo de 1975 y en otras oportunidades del mismo año, siendo el lugar de detención clandestina el escuadrón 20 de la ciudad de Orán, hechos que se detallan en la causa 2060/2010 del Juzgado Federal de Orán, y que mi intención era asumir la calidad de querellante para ejercer mi derecho de defensa respecto de las pruebas, procedimientos y resoluciones de mi causa. Tal como me demostró, la Defensora de Orán envió la solicitud mía a la Defensora General de la Nación a mediados del mes de abril del 2010 y todavía no tiene respuesta.
Petición en persona. Es así que viajé a Buenos Aires, con mucho sacrificio y ayuda de compañeros, a mediados del mes de junio del año 2010, estuve en el despacho de la Defensora General (atendido por la secretaria o asistente de la Defensora General), al no encontrarse la Defensora General ahí le deje los papeles de mi caso y el de Hernán Zurita (caso P 432/2005 del Juzgado Federal de Orán). Reúno todos los requisitos para iniciar la querella por medio de la Defensoría Federal, soy desocupado, vivo en una casa de madera precaria y quiero justicia.
Noticia sobre la situación preferencial de represores. Estuve hablando con varias personas, en mi estadía en Buenos Aires y a la vuelta a Salta, relacionadas a la militancia de la Tendencia de mi época y militantes actuales de Derechos Humanos, entre los que se cuentan Dolores y Pablo de Abuelas de Plaza de Mayo y Ricardo Braunstein de la Tendencia y la Red por los Derechos Humanos de Salta, y también abogados de la Red por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta, como el Dr. Hernán Mascietti, que es mi patrocinante en esta denuncia. Me expresaron que existen formas rápidas y preferenciales de defender a los represores, mientras que a mí se me hace esperar 5 meses mientras está corriendo la causa que inicié en el Juzgado Federal de Orán sin poder ejercer mi derecho de defensa. Estas formas preferenciales y expeditas de defender a los REPRESORES son los defensores AD HOC elegidos y rentados por la Defensora General y las Unidades de letrados móviles.
Documentación y resoluciones. Me entero de ello y me acercan documentación que comprueba la existencia de dichas Unidades de letrados móviles y sus antecedentes inmediatos que son los Defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General. Estas son las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09. La resolución del 2007 (Nº 1855) establece la obligación de información, de cada uno de los defensores federales, a la Defensoría General sobre todas las defensas de represores. La resolución 710, ya del año 2009, crea las unidades de letrados móviles 1, 2 y 3; es de señalar que hasta ello, según el párrafo considerando cuarto, se utilizaron los defensores Ad Hoc elegidos y rentados por al Defensoría General. Y la resolución 962 del año 2009 establece que se de información a diversas defensorías cuando exista incompatibilidades por parte de la defensoría federal para defender a los represores y asesinos del proceso y de la triple A. Todas estas resoluciones están acompañadas por MODELOS de defensa para represores, elaborados por la Defensora General, que acompaño a la denuncia. Estos modelos son inauditos en la Defensoría General de la Nación en toda su historia, acompañados por las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos de Rosario y Corrientes.
Defensor público rentado, no concursado, de represores en Orán. Con desagrado me entero que ya en Orán existe un defensor Ad Hoc nombrado y rentado por la Defensora para tomar la defensa de los represores. Justamente, recuerdo que mi patrocinante, al actuar en una causa como defensor ad hoc (no rentado) del General Ríos Ereñú, tuvo que renunciar a causa de su pertenencia a la Red por los Derechos Humanos de Salta, luego de informar esa situación. La Defensora Federal de Orán, también ha asumido causas de derechos humanos indígenas y es maestranda de Derechos Humanos en la Universidad de Salta. A pesar de haber otros defensores y del juramento de la defensora federal de Orán, se nombró al Dr. Gabriel Lanaro Ojeda para la defensa de represores en Orán. Quiero aclarar que ha sido un trabajo inmenso por parte de la Red por los Derechos Humanos de Salta y de la agrupación Memoria Verdad y Justicia, juntar a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado, conseguir que se presenten, den su testimonio, en dinero, tiempo, fotocopias, llamadas telefónicas, etc. sin que NADIE pague por ello. Por esta razón me indigno, más allá de sentirme profundamente discriminado, que se actúe con tanta celeridad y preferencia a los distinguidos REPRESORES y TERRORISTAS DE ESTADO. Me gustaría saber si más arriba de la defensoría están enterados de este aparato defensor de represores, personas en las que confiamos que impartirían justicia, pero me parece que excede a mi denuncia. También sospecho que los PREPRESORES, al hacer lo que hicieron, rotando con sus torturas y muertes por toda la Nación para que otros en oficinas de Buenos Aires puedan desvalijar el país, confiaron que LA DEFENSORÍA pondría sus mejores hombres y mujeres a defenderlos, en un trato preferencial y distinguido de LA DEFENSORIA FEDERAL, a costa de no tener que sacar de sus bolsillos el dinero para pagar una honrosa defensa. Estos defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General, tienen un estipendio de más de veinte mil pesos por mes, más viáticos aéreos todas las semanas (cuatro pasajes por fin de semana) para regresar a su casa a Buenos Aires, desarraigo y gastos, pagadero de mis magros impuestos. Pero para mí, no gastan un centavo siendo víctima de delitos de lesa humanidad, estoy indignado. Este señor Defensor Ad Hoc elegido y rentado por la Defensora General, ha sido nombrado el día seis de julio de 2010, y menos de un mes antes no tenía la categoría suficiente para lograr el cargo rentado, lo que demuestra la falta de idoneidad, además de lo denunciado.
Perjuicio irreparable. Es así que me veo totalmente perjudicado en mi derecho de defensa respecto al juicio iniciado por denuncia por mí, pero sin poder ejercer mi derecho de defensa. Particularmente, por la inactividad, y segregación hacia las víctimas de los delitos de lesa humanidad, me veo afectado de no poder ofrecer más pruebas de testigos de mi secuestro, detención y tortura, de no poder ofrecer pruebas de informe, asimismo de no controlar las pruebas o resoluciones que pueden hasta incluso hacer cosa juzgada respecto del proceso iniciado por mi denuncia. Este es el daño que me hace la inactividad de la denunciada Stella Maris Martínez de no considerar la petición, con su silencio total, de poder constituirme en querellante particular sobre la causa.
Retardo Injustificado, prevaricato y otros. Este delito cuanto menos es el de retardo injustificado de los oficios de su cargo (art. 249 CP), debiendo investigarse también sobre la ejecución de nombramientos sin condiciones (art. 253) respecto del defensor de represores señalados y de la creación de las defensorías letradas móviles, las que están en un total desacuerdo con las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia (exposición de motivos: “contribuir de forma importante las desigualdades sociales”), especialmente a mi persona como víctima (regla 10) indigente (regla 15) del terrorismo de estado, como obligación de la defensoría (regla 24 b). El delito señalado, el de retardo injustificado en los oficios de su cargo, lo denuncio con el agravamiento de discriminación, ya que se le ha dado trato especial, diferencial y privilegiado a otros que resultan ser los victimarios de los delitos que yo sufrí y he denunciado. Viendo en la realidad social, las víctimas del terrorismo de Estado en argentina antes de 1983, y mi persona es una de esos ejemplos, han quedado en la miseria mientras que los victimarios, quienes tienen estabilidad de sus funciones públicas en las fuerzas de seguridad o jubilación por haber cometido desmanes, son además beneficiados con el trato prerefencial de la Defensora General (al dar las resoluciones reseñadas y los estipendios a los defensores especiales). Las desigualdades son inconmensurables, andamos mendigando trabajo, reparación (histórica y social) y justicia, además de buscar trabajo, trabajar en changas, con todas las lesiones permanentes y progresivas que ha dejado la tortura, las lesiones psicológicas, las lesiones de la edad, sin obra social y sin la mayoría de aportes por haber estado escondido por mucho tiempo, esto no se ha tenido en cuenta. Pero la discriminación, en comparación concreta de mi caso, junto a las resoluciones y la designación del defensor Ad Hoc, es inaudita, discriminatoria, injuriante y también sumamente sospechosa.
Intereses institucionales. Es dable advertir a su excelencia, lo que en definitiva se ha puesto en pugna en los presentes actuados, son derechos de innegable raigambre constitucional como ser, el derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional), el derecho a un debido proceso (inciso 22 Art. 75 Constitución Nacional) que involucre un trato igualitario a los ciudadanos (art. 16 e incisos 22 y 23 del art. 75 Constitución Nacional) y el derecho al acceso a la justicia (inciso 22 art. 75 Constitución Nacional), intereses que expresamente protege vuestro organismo.
Fin de la comisión del delito. El mismo hecho que no haya podido ingresar al expediente como parte para impulsar la acción procesal penal en contra de mis torturadores, ya constituye un daño, un resultado cierto que está consumado, un perjuicio hacia la participación en el juicio, por más derechos de víctima a compulsar el expediente que tenga, no lo es en la forma calificada que se realiza al ser querellante con asistencia técnica. Me siento perjudicado, a su vez, por el trato preferencial a los denunciados por represión tortura y secuestro político, toda vez que la Defensoría General, sin motivos ciertos o aparentes, beneficia a una de las partes, que no prueba tampoco ser la más débil, sino que probadamente la más débil es la parte victima del terrorismo de Estado, que nos ha dejado empobrecidos, enfermos psíquica y físicamente, por muchos años (de teoría de los dos demonios) estigmatizados, otras veces con otra identidad. Particularmente, en el año 1975 realicé un depósito de dinero importante, el que nunca me fue devuelto y que constaba de medio millón de pesos que eran mis ahorros de trabajo, indemnización por despido, nunca hasta el día de hoy, pude retirar ese dinero del Banco Nación. Esto último para figurar cómo hemos sido aniquilados de una forma o de otra, mientras los represores, que hoy
3) Prueba
- Solicito se requieran al Sr. Juez Federal de Orán, fotocopias de las actuaciones, procesos y denuncias por delitos de lesa humanidad.
- Solicito se requieran a la Defensora General, copias autenticadas de las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09 de la Defensoría General de la Nación. También copias de la resolución y legajo del Dr. Gabriel Lanaro Ojeda. También copias de la resolución y legajo de los abogados que forman parte de las Unidad de Letrados Móviles 1, 2 y 3, para la investigación del delito de favorecimiento personal o abuso de autoridad.
- Presento documentación en 41 fojas.
- Solicito se notifique a la APDH de Rosario, a la agrupación de Derechos Humanos Memoria Verdad y Justicia de Orán, por su interés en la presente denuncia.
Saludo Atentamente

A ALGUIEN LE MOLESTA

San Ramón de la Nueva Orán, 30 de Julio de 2009
El día de ayer llegué a mi casa al mediodía y estaba mi sobrina llorando porque pensaba que me habían encarcelado. Al principio me pareció que se me daba mucha importancia con tantas acusaciones en los medios, pero después me puse a pensar en lo que hago. Se que lo que hago (militancia y compromiso en DDHH) está sujeto a muchísimo riesgo, compañeros estuvieron privados de su libertad y otros estuvieron prófugos de órdenes ilegítimas de detención, como la María Olmos o Dolores Cachari el año pasado; pero poco importa el daño que me hagan, no flaquearé, ni siquiera cuando tenga que defender nuevamente a los que hoy me acusan. Ya me pasó de personas que me insultaron gravemente y cuando tuvieron luego que buscar abogado en quien confiar, los atendí sin condiciones, porque sé como se comporta la oligarquía y a ellos los dejarán solos despues de haberlos usado.

¡LO MATAMOS! ¡UNO MENOS!

¡LO MATAMOS! ¡UNO MENOS!

“El que mata tiene que morir” decía un mensaje de celular cuando mataron al policía en diciembre. No reenvié el mensaje de texto en ese momento (ni por el policía matado a sangre fría) ni lo enviaría ahora tampoco (por un joven padre de seis hijos matado por la espalda), no lo voy a enviar por más bronca que me dé tanto un crimen como otro. No voy a decir el nombre de la señora que me mandó el mensaje. Esta vez ella ya no envió mensaje con ese tenor, puede ser porque ahora el matador es rubio y ojos azules. Debemos hacerle saber a esa señora que no hay que desear la muerte a nadie. Es una enseñanza muy fácil y lógica, espero que la entiendan los 500 oranenses que reenviaron el mensaje.
Nadie es irrecuperable. Si pensáramos un poco en Carlos Gardel (el alma del canto argentino), en James Cagney, en el Mono Gatica y en una lista interminable de PERSONAS, pandilleras en su niñez y juventud y luego fueron almas de infinitamente apreciadas, entenderemos que son, primordialmente, PERSONAS. Mario Ottoboni, un juez de Brasil, ¡le abrió las puertas a una cárcel y la hizo administrar por los mismos presos!, algo milagroso ocurrió: es la cárcel que tiene la menor tasa de reincidencia en el mundo, solo un 16%; frente a ella, las cárceles con toda la tecnología y ciencia de EEUU y Europa no pueden bajar del 65%. Es un ejemplo actual y la cárcel es la Sao Joao dos Pasos no cerró más sus puertas, se trabaja con un fanatismo humano que comparto: “nadie es irrecuperable”. El otro día lo comprobé nuevamente, me llegó por mail la historia de Mario Capecchi, el premio Nobel de Biología 2007 contada por él mismo: “ASALTE EN PANDILLA EN LA CALABRIA HASTA LOS NUEVE AÑOS”, fue rescatado por personas buenas, estudió y llegó a ganar el premio Nobel. Sus investigaciones de genética animal ayudan a curar el cáncer en humanos. Ese tiro que le dieron al Pollín en la siesta del viernes, bien podrían habérselo dado a Carlos Gardel, a James Cagney, a Gatica, a Alvin Burke o a Mario Capecchi, etc. Cualquier desprevenido pensaría que defiendo a las pandillas; no es así, sin indefendibles por sí y tienen por causa la pobreza. Yo defiendo la vida y las oportunidades buenas que otorga el vivir.
Las dos víctimas. No hay que dudarlo, acá existen dos víctimas: la víctima de la muerte y la de una equivocación. Ambos tienen sus causas, tanto la víctima de la muerte y la víctima que tomó “la justicia” en sus manos. ¿Quiénes son los culpables?. Los puesteros pagan por seguridad que no tienen; fue víctima de un hartazgo; está bien, el culpable es el concesionario del Mercado de Abasto, Diego Castillo, nadie sabe por qué sigue estando ahí si todo Orán votó el “cambio”. El matador también fue víctima de una convicción errónea, la de creer que esa persona merecía morir, y decidir sobre esa vida. Una vida es una vida, vale como la de CUALQUIERA DE NOSOTROS y no vale un tiro en la espalda a alguien que estaba ya escapando de una amenaza armada.
Esto se pone peor. El mercado, sin tener la seguridad que pagan los puesteros, es un Orán chiquito, un reflejo concentrado de lo que sucede en Orán. Si hay más choreo en el mercado, también tenemos que cuidarnos los que no vamos al mercado. Cada día más amigos míos van cayendo por la inseguirdad, hasta mi madre hace dos semanas le robaron la cartera. Hay que entender que a los ladrones no los tiran de un avión, son gente de acá. Eso es lo que nos hace creer alguien a quien le conviene que creamos eso. Tampoco aumenta la inseguridad porque cada día hay más “inmoralidad” en las calles de Orán. Cuanto más desempleo más choreo hay. Pero esto se pone cada vez peor, y hasta a los militantes de derechos humanos ya no vamos a poder ir a trabajar a los barrios que nos recibían. El desempleo que sigue generando sostenidamente el Ingenio, con el cierre de la frutícola y de la Colonia Zeta (19.000 has de naranjas) es el aumento de la inseguridad en Orán. Nadie hizo nada. Orán produce alimento para dos millones de habitantes y hay hambre y desnutrición, la riqueza es de todos y es obligación del gobierno distribuirla para que haya más trabajo y mejor alimentación. Estos barrios comenzaron cuando el Ingenio cerró todas sus colonias en 1999 –y 7 escuelas-, cuando el Ingenio despidió a 6200 obreros del Ingenio por procedimiento de crisis, cantidad de familias fueron a estos barrios ya sin trabajo (antes no eran ladrones, trabajaban), alguien decidió que se echaran a más de 6200 familias, esa orden fue firmada por el actual abogado del ingenio y actual intendente de Orán. Una decisión del directorio del Ingenio puede matar a Orán, porque el Ingenio es el dueño del 90% de la riqueza de Orán; como dijo Jakúlica “La finca del Ingenio tiene tres pueblos que molestan adentro: Orán, Yrigoyen y Pichanal”. Para cuidar que no le distribuyan su riqueza, el Ingenio nos elige diputados y hasta pone como intendente de Orán a su abogado. No dude, lo van a asaltar seguro, a menos trabajo más delincuencia. Se pone peor en serio, habrá más robos y más muertes, nosotros nos mataremos y los que ganaban mucho ganarán más todavía. Pollín tiene –tenía- 6 hijos que conocí ayer, la más grande de 4 años (hay dos pares de mellizos). Pollín vivía con su señora y sus hijos. Pollín había buscado el trabajo que tienen sus hermanos –en el Ingenio- y encontró despidos. ¿Cuántos conocemos que tienen 6 hijos o más y ya no trabajan en la naranja. Tenga miedo de esa persona. Un padre o una madre con muchos hijos, cuando entra en desesperación es capaz de cualquier cosa por alimentarlos. Yo mismo sería capaz de cualquier cosa. Tenga miedo, pero sea consciente que alguien cerró la frutícola y desmontó 19 mil has de naranja, solo para ganar más con la soja. Ellos, detrás de sus escritorios, son los responsables, a nosotros solo nos queda la muerte.
Prensa enferma. Me hubiera gustado hablar de la prensa enferma que se ríe de los que ya no están, o la prensa que cambia los títulos de “caso del crimen de Fabián Pereyra” por “Caso de los ladrones de naranjas”, confundiendo a la gente y despreciando la vida, o de decir “el justiciero” que mata por la espalda y el “ladrón” al que sus seis hijos esperaban este domingo. Estos medios irresponsables festejan con la palabra “justiciero” cuando se pierde una vida y otra se arruina para siempre.

INTENDENTE DE ORAN GOLPEA Y HACE GOLPEAR A MUJERES MANIFESTANTES

DENUNCIA LESIONES LEVES, ABUSO DE AUTORIDAD Y DISCRIMINACIÓN
Romina Gutierrez, DNI 32..131.443, hija de Juan Timoteo Gutierrez (v) y de Elba Segovia (v), con domicilio en Calle Chacho 1166 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, vengo a denunciar a Guillermo Marcelo Lara Gros por lesiones leves, abuso de autoridad y discriminación. El hecho sucedió el día martes 24 de febrero de 2009 cuando había ido, junto con vecinos de Barrio Juventud Unida, en manifestación a la municipalidad de Orán en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Belgrano de esta ciudad, cuyo petitorio era pedir al intendente de orán que nos concierte una entrevista con el Sr. Gobernador por el tema de nestro problema habitacional. Estábamos en la puerta de la municipalidad aproximadamente a horas 12:30 pasadas y antes de las 13:00, en el momento en que iba a salir el intendente de Orán por el pasillo que conduce de la puerta de entrada de la Municipalidad que da a la calle hasta el patio principal, unos cinco metros aproximadamente. Yo estaba parada en la puerta de la municipalidad de Orán, tapada por abundante personal de infantería de la provincia de salta, acompañada de Dora Felisa Ramos, Vilma Pericón, una señora Mirabal, Mesila Mirabal, Mónica Delgado, una Señora que llamamos Jova Manuel y otras personas que ofreceré en cuanto sepa reconocer más testigos de los hechos sufridos por mí. En un momento alrededor de diez policías de infantería dejan la puerta de entrada en donde no nos dejaban pasar y van a custodiarlo al intendente. Entonces, Dora Felisa Ramos y yo podemos entrar al pasillo en solo tres metros con abundante personal policial (policía común) de los cuales reconocemos al comisario, al subcomisario, al sargento y varios agentes comunes, más su mayoría que eran de la Infantería con cascos, escudos y chalecos. Entonces veo al Intendente que está saliendo y yo estaba contra la pared atrás mío estaba Dora Felisa Ramos y a mi costado más hacia el centro del pasillo, estaba la Sra. que conocemos como Lili. Aproveche para pedirle explicaciones al Intendente de por qué no nos atiende, cuando el empieza a mirar hacia arriba con una leve sonrisa, como si fueramos invisibles o no existiéramos en una actitud a todas vistas ofensiva, desafiante y discriminatoria. En ese momento el tenía un ayudante de la municipalidad, un chico alto que salió afuera (lo que prueba que se podía pasar y salir de la municipalidad), un policía le pega un codazo a Dora Felisa Ramos quien se golpea contra la puerta, el mismo policía me agarra del brazo derecho de tal fuerza que me quedan las marcas aún hoy, yo me doy vueltas para saber quien me había tironeado así y quedo mirándolo de frente al policía y le digo que deje de pegar. Es en ese preciso momento que siento de atrás un golpe de puño y una tironeada de la remera que viene por parte del intendente municipal, Guillermo Marcelo Lara Gros, el único que estaba atrás mío. Me doy vuelta sorprendida y lo veo y comienzo a decir “demasiado que ya me estás pegando, no ves que nos están pegando a las mujeres” y me mira y comienza a sonreír y me miraba como si no pasara nada, entonces empiezo a gritar a los costados que el intendente me estaba pegando, señalándolo y luego haciendo señas con el puño cerrado que me estaba pegando el intendente, cuando otro policía de infantería me agarra la mano mientras. Ahí salimos mientras le seguían pegando a mis compañeras de manifestación. Eso es todo lo que tengo para decir, a más que llame a los testigos y aportaré prueba documental que corrobora mis dichos en cuanto consiga la filmación que hizo el Sr. Periodista Samuel Huerga, quien también es testigo de estos hechos o intime para pedir dicha filmación de lo ocurrido. Presento fotocopia del certificado médico que presentaré en original en el expediente.



(el video de los golpes ya está en el youtube: , proximamente subtitulados) DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD
Romina Gutierrez, DNI 32..131.443, hija de Juan Timoteo Gutierrez (v) y de Elba Segovia (v), con domicilio en Calle Chacho 1166 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, vengo a denucniar a personal policial por abuso de autoridad. El hecho sucedió el miércoles 18 de febrero de 2009 cuando a las horas de la noche un patrullero con número 720 en la puerta del vehículo, este vehículo estaba acompañado por otro vehículo del sistema de seguridad 911, se acercaron a mi domicilio donde vivo con mis padres y preguntaron por mí y lo hicieron por el curso de tres veces. Esta acción considero desmedida y de claros fines intimidatorios, sin ninguna orden judicial ni escrita de autoridad competente. Se bajaron del patrullero y preguntaron por mí diciendo que había orden de detención contra mía, le explicaron a mi madre (que es hipertensa) que yo había hecho un “disturbio”. Esta intimidación está probada por el hecho que mi abogado tuvo que presentar un habeas corpus a favor mía al día siguiente el jueves 19. Luego, a la mañana siguiente me entrevisto con la Fiscal Nadra Chaud de Tolosa y con la secretaria Pagani del Dr. Ru, y ambas me manifestaron que no había ninguna orden de detención. La fiscal sabrá que un patrullero en el domicilio de cualquier persona ajena al sistema penal causa un estigma bastante doloroso, además de la intimidación. DENUNCIA CORRUPCIÓN POLICIAL
Dora Felisa Ramos, DNI 21.315.146, hija de Ramón Lucas Ramos (v) y de Sabina Almendra (f), con domicilio en el número 1170 de la calle Chaco de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, me presento ante el fiscal de causas policiales y vengo a denunciar a personal policial que puedo reconocer por el delito de vejaciones ilegales. El hecho sucedió el día martes 24 de febrero de 2009 cuando había ido, junto con vecinos de Barrio Juventud Unida, en manifestación a la municipalidad de Orán en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Belgrano de esta ciudad. Estábamos en la puerta de la municipalidad aproximadamente a horas 12:30 pasadas y antes de las 13:00, en el momento en que salía el intendente de Orán, los policías de infantería se abalanzaron sobre nosotras y empezaron a darnos codazos, golpes de puño, empujones con los escudos de plástico, agarraban de los brazos y propinaban golpes de palos diciendo “salgan” “no se metan acá” “se van a hacer golpear”. Es ahí cuando un policía de infantería, de contextura robusta, cara ancha, sin bigote ni barba, más alto que yo (mido 1,60 m) me golpeó el brazo derecho y luego el izquierdo. Del brazo izquierdo me pegó dos veces y luego intentó agarrarme fuertemente, luego me empujó contra la puerta con intención evidente para que me golpeara contra la puerta y contra la pared, lo que sucedió que me haya golpeado contra la puerta y no contra la pared. De todo ello es testigo la Sra. Romina Gutierrez, Vilma Pericón y otros que ya ofreceré oportunamente. Cabe decir que del policía no se su nombre ni su rango pues no estaba identificado con la galleta reglamentaria. Solicito que me de una orden para que urgentemente me revise un médico y certifique los ematomas y rasguños que tengo. Lo reconozco al policía por las filmaciones que hizo el periodista Samuel Huerga, que ofreceré oportunamente.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=DDadQSGI8GU&feature=related

Denuncias cruzadas por las piñas en la municipalidad de Orán
El intendente de Orán, Marcelo Lara Gross (PRS), continuó ayer su enfrentamiento con las mujeres con las que se cruzó a las piñas en la antevíspera. Las denunció por agresión y también acusó formalmente a un periodista y a un abogado, según informó en declaraciones a medios de aquella localidad. Del otro lado, al menos tres ocupantes del asentamiento ubicado en la zona norte, frente al barrio 20 de Febrero, presentaron denuncias por agresiones en la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias. Aunque no lo dijo, el jefe comunal se refería al periodista Samuel Huerga, corresponsal de Nuevo Diario, a quien responsabilizó de manejar a los vecinos del asentamiento. Y habló de "un abogado que saca plata" de los ocupantes; tampoco en este caso dijo el nombre, pero para los vecinos quedó claro que hablaba de Hernán Mascietti, quien los asiste en cuestiones legales.."Que quede bien claro que el doctor Mascietti no nos pide un peso a nosotros, no nos pidió un centavo", aseguró Romina Gutiérrez, vocera del nuevo asentamiento y una de las que acusa al intendente por agresiones. Gutiérrez adelantó que iba a presentar una denuncia contra el secretario de Prensa municipal, Julián Moreno, quien días pasados (afirmó la vocera) le hizo una seña indicándole que iba a cortarle la cabeza. "Soy una persona respetuosa y quiero que me respeten", afirmó Lara Gross ayer en declaraciones a Radio A. "No ando gritando a nadie por eso no permito que me griten". "No ando pegando a nadie por eso no permito que me peguen", abundó. El intendente insistió en su postura contraria a los asentamientos. Recordó que el municipio cuenta con una Dirección de Tierras en cuyo padrón deben anotarse quienes no posean terrenos para luego ser adjudicados en venta. "Durante mi gestión las cosas no se regalan, a muy bajo precio pero se las van a vender", afirmó. Añadió que ya se confeccionaron casi 500 boletos de compraventa de terrenos, que esos beneficiarios están pagando cuotas de 50 o hasta 25 pesos mensuales, y "el que está imposibilitado de trabajar por alguna invalidez no pagará nada". Hizo hincapié en que estos terrenos deben contar con servicios. Recordó que el precio de un lote social está entre 1500 y 2000 pesos, y dijo que se está haciendo un loteo social en un lugar que no quiso dar a conocer por temor a que se levante otro asentamiento. "Hay mucha gente que tiene necesidad y hay unos cuantos vivos que se aprovechan de la necesidad de la gente, entonces los incentivan a que hagan líos, total a ellos no les importa", sostuvo antes de pedirle a la Justicia que investigue y tome medidas.

fuente

http://www.youtube.com/watch?v=DDadQSGI8GU&feature=related

INFORME DE DEFENSA INDIGENA SITUACIÓN TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES EN ORAN

INFORME de DEFENSA INDIGENA[1]
respecto de la
SITUACIÓN TERRITORIAL (LEYES 26160 Y DE DESMONTES)
de las comunidades indígenas del Departamento Orán
San Ramón de la Nueva Orán, 16 de Agosto de 2008
Introducción.
Importancia e inmediatez. Creemos que este informe es muy importante, ya que muestra una realidad distinta a los informes oficiales. La mayoría de los informes individuales que se ven aquí han sido escritos por las mismas comunidades en un encuentro realizado al respecto en la UNSa (delegación Orán) el día sábado 16 de agosto de 2008, otras por conocimiento de Defensa Indígena Orán. El presente informe ha tratado de dar preponderancia a las comunidades, su gran mayoría, que permanecen invisibles a los ojos de la Nación y del público en general, por lo que algunas más conocidas (como Tinkunaku, con sus reclamos legítimos y conflictos latentes) estarán casi excluidas del presente informe. Otras comunidades no han participado del encuentro (en el caso de Barrio Evita, cuyas autoridades están accidentadas en este momento), sin embargo hacemos una reseña de lo que verdaderamente conocemos y nos consta; otras comunidades no conocemos su realidad, pero intuimos que sufren lo que casi todas: el conflicto de tierras y el sufrimiento de no saber donde van a ser excluidos el día de mañana.
La ley 26160. Creemos, y por ello lo presentamos, primeramente al INADI, que el Estado Argentino no quiere cumplir con sus obligaciones internacionales[2] y nacionales[3], por ello ha implementado la ley 26160, para excusarse de la obligación de medir y escriturar las tierras. Esta ley, creemos, es puramente formal y todo su “cumplimento” se basa en informes oficiales sobre los conflictos más conocidos de tierras. A casi dos años de la ley, miles de comunidades no tienen conocimiento si esta ley se irá (ni como exigir su cumplimiento) a cumplir sobre sus tierras urbanas o rurales. Sin embargo, lo que estamos aplicando (judicialmente) ya en tres casos en Orán es la parte de suspensión de los desalojos para las comunidades de Barrio 17 de octubre, Barrio Caballito y Barrio Mitre de la ciudad de Orán.
Comunidades urbanas: Podemos decir con altísimo grado de certeza que, de esta ley, quedarán afuera todas las comunidades urbanas de la provincia de Salta, por lo menos. El drama –o tragedia, si es más correcto- de las comunidades urbanas[4] es inconmensurable: primero porque están desarraigados[5] no solo de tierras donde son de origen, sino de su propia soberanía alimentaria[6] de sus costumbres religiosas respecto de la tierra, de su idioma[7], su cultura de cuidar la tierra, la de sentirse extranjeros en otro lugar y con ellos el chicanismo o tumanquismo de renegar las nuevas generaciones de su propia cultura y sentirse de una raza con “la piel que quema”. A más de ese infierno, las comunidades urbanas no tienen títulos de propiedad de sus tierras y, en su mayoría, están siendo desalojados con procesos avanzados en ese orden (la Comunidad de Barrio 17 de Octubre tiene 7 sentencias de desalojo de más de cinco familias cada una). Las familias indígenas que se asentaron en estos terrenos han ido creciendo pero no han progresado ni se han “acriollados” por lo que siguen sin poder progresar en términos occidentales y se fueron amontonando en esos pequeños terrenos (a veces 4 familias en un terreno de 5 x 10 metros, vé Cua Cuariño Ge Zenta), y es otro infierno dentro del infierno que significa la ciudad para ellos. Muchas veces estas comunidades están determinadas por los caciques políticos (cacique en el sentido de burocracia política, Max Weber Que es la burocracia, ed. Pléyade 1965) y no se interesan en la vida comunitaria (que permanece latente) y solo se preocupan por el plan jefe de hogar, por el bolsón municipal y por las becas educativas del INAI y así algunos de sus presidentes actúan como punteros políticos. Por suerte en estos últimos tiempos se está dando una especie de redención de esa situación en la que ya han sido desplazados indígenas punteros tales como Raúl Mena, Diego Sandalio y Basilio Tolabí, entre otros. La situación de las comunidades urbanas es de suma riesgosidad, por lo que es fácil ver niños muy desnutridos y prácticamente abandonados en el barro (ver foto de la niña Tamara Arabe de la Comunidad de Barrio 6 de Enero, foto tomada en marzo de 2007), también debido a que ya no tienen el sistema tradicional de salud y alimentación que han tenido en las zonas rurales.
Comunidades Rurales: Lo explicado de las comunidades sobre las comunidades urbanas, es el futuro de las comunidades actualmente rurales, el infierno. Los capitales que impulsan la expansión de la frontera agropecuaria no quieren perder ni un centímetro de su suelo e invierten mucho más del valor del mismo para invadir terreno que todavía no está en su posesión. Para ello tiene un elemento con el cual movilizan sus topadoras, todos los instrumentos legales y, cuando ellos no alcanzan, la corrupción administrativa de funcionarios, como por ejemplo la actual Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia. Lo que hacen las empresas comúnmente (ver Tinkunacu, Las Juntas, Kolla Guaraní, Iguopeigendá) es comprar la tierra con habitantes originarios adentro, tomarlos de empleados en negro y luego echarlos de las tierras. Cuando estos se resiten, pasan las topadoras sobre las construcciones para que no queden pruebas (Las Juntas, Iguopeigendá) a la vez que empiezan a comprar con amenazas las voluntades dentro de la comunidad (Estación Tabacal, Iguopeigendá, Kolla Guaraní), cuando estas plantean alguna suspensión judicialmente (Iguopeigendá, Kolla Guaraní) mandan a terceros a usurpar las tierras de la comunidad para crear conflictos internos. Es así que la Iguopeigená, aún con la posesión de 237 hectáreas, tiene diez usurpadores dentro de sus tierras, todos mandados por la Seaboard Corporation, 45 causas penales y un juicio reivindicatorio en el que el Estado se ha lavado las manos. No es difícil contestar entonces por qué de el 5% de las comunidades en el departamento Orán (y tal vez en salta) son comunidades que están habitando en sus tierras originales (rurales) y la gran mayoría sufriendo hacinamiento en un medio que no les es natural y sí es hostil (urbanos).
Desconfianza en la Administración Pública de la provincia de Salta. ¿Cómo podemos confiar en que la ley se efectivizará por una provincia que estuvo siempre del lado del exterminio?. Si para muestra sobra un botón, damos dos ejemplos de tal vez millones de acciones de exterminio en los últimos cinco años. Un ejemplo es del IPPIS[8] y el otro de la Secretaría del Medio Ambiente de Salta. Uno pertenece a la administración de Juan Carlos Romero y el toro ejemplo a la administración de Juan Manuel Urtubey[9]. El IPPIS en el año 1995, para finalizar con el conflicto de Lakha Honhat (350.000 hectáreas), una constelación de comunidades wichis y tobas del Río Pilcomayo, hizo un plesbiscito que es nulo, ahora nos piden que confiemos en el IPPIS para que nos midan y escrituren nuestras tierras. El otro ejemplo es más reciente y se trata de las comunidades Roberto García Cacique, El Tralsado y El Escrito, que tienen un litigio contra el estado para que se les escriture la tierra (Amparo Nº 1271/6 Juzgado Federal de Orán) en un estado avanzado y ya a punto de finalizar con dos estudios antropológicos favorables a la comunidad. La empresa El Alamo, de capitales Tejanos, recibió el permiso de desmonte de 30.000 hectáreas, por el gobierno de Romero dos días antes que entrara en vigencia la ley de desmontes, gracias a la gestión del abogado de la Empresa Sergio Usandivaras. Cuando asumió el gobierno de Urutubey, la Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia, Dra. Catalina Buliuvasich, paralizó el permiso de desmonte, a la Dra. se le pidió la renuncia. Este permiso tiene lugar en las tierras de la comunidad. La nueva secretaria del Medio Ambiente levanto la suspensión del permiso y, en menos de un mes y medio de gestión, fue a la comunidad (a más de 500 kilómetros y 10 horas de viaje) DOS veces a pedirle a la comunidad que acepten un trato con la empresa y que les aseguraba trabajo en el desmonte de sus propias tierras, lo que consiguió (solo la firma del cacique) luego de secuestrar y presionar al cacique en la ciudad de salta, cuestión denunciada hoy. El abogado Usandivaras es hoy funcionariod el gobierno de Urtubey. El INAI nos pide que confiemos en el gobierno de Salta ¿cómo?.
Ya se ha pedido varias veces (dos de la parte guaraní de Orán y varias por el pueblo Kolla) que el gobierno de la provincia no intervenga en estas mediciones ni procesos de la ley 26160 y ley de desmontes, pero el gobierno nacional avanzó y logró el convenio por el cual nos controla la personería jurídica con todos los conflictos que ya tuvimos (comunidad el Tabacal conflicto de la reunión del 26 de febrero de 2004, donde la Seaboard Corporation eligió el presidente de la comunidad).
1- Urundel.
Comunidad Iyigua Pentirami (brazos unidos):
más de ochocientas familias guaraníes forman la comunidad guaraní Iyigua Pentirami de la localidad de Urundel. Existen desde siempre por ser Urundel de nombre guaraní el lugar y tienen cementerio a unos ocho kilómetros de la ciudad en donde habitan actualmente. Las empresas (ferrocarril, CAISA, Agrícola Tucumana, Familia Nossetti) y los desmontes los ha ido enclavando a la comunidad en la ciudad de Urundel. La ocupación tradicional de la comunidad respecto a sus predios rurales, hoy más reducidos y amenazados de desmonte, se da por la utilización del monte leña (la ciudad no tiene gas natural), remedios, cercos de producción tradicional guaraní, utilización de madera, fabricación de leña. El avance de los desmontes ha hecho que la comunidad ya no subsista del cerco (salvo pocas familias), la caza y de la pesca en épocas en que no es temporada de cosecha de las grandes empresas terratenientes (CAISA, Nossetti y los Ingenios Ledesma y Tabacal). Se calcula que ha habido más de 5000 hectáreas desmontadas en los últimos 8 años, lo que ha reducido el espacio rural de la comunidad. La comunidad no tiene títulos de sus tierras rurales ni urbanas, por lo que en lo urbano está a la merced de las voluntades políticas, tanto es así que tienen una grabación en donde el secretario de gobierno del intendente Néstor Pedroza, secretario Orlando Leiva, dijo por su radio (es el dueño de la radio) “yo meto unos maíces dentro de una lata, la hago sonar y tengo como quinientos chiretes en menos de media hora” (los chiretes son los habitantes guaraníes). Cada día pueden menos acceder a sus tierras rurales y tienen menos cercos, y tenemos, en Defensa Indígena, fotos recientes del cementerio guaraní el más cerca de la ciudad (rio piedras), al que muy pocos pueden llegar dado lo clandestino del viaje (zonas alambradas). Hay otros dos cementerios, otro a la orilla del río seco, otro en la loma la zona del bananal y otro más en la zona del pantanoso en camino al cerro. No se ha iniciado ninguna acción judicial debido al abandono del estado respecto de esta comunidad y los pocos recursos de Defensa Indígena que ya lleva más de 150 juicios gratuitos para un solo abogado. Presidente de la comunidad es Irene García y vicepresidente Fabiana Martínez (cel. 3878562524). En las elecciones del año 2003 la comunidad apoyó a un director de escuela (Daniel Prado, fue concejal) para compensar el poder omnímodo de Pedroza (intendente), por lo que la comunidad fue castigada formándole otra comunidad (comunidad guararapo isiyegua, fundada en el año 2004) con una pequeña parte de sus propios miembros, dándosele la presidencia al puntero político Enrique Arello, quien no tiene ningún reclamo territorial, pero sí reclamos de becas y otros clientelismos. La comunidad sufre mucho la falta de titularidad de sus tierras, lo que la hace débil y discriminada, sufre desplazamientos, sufre pérdida de sus cercos, sufre pérdida de su idioma, sufre inseguridades, sufre la falta de servicios públicos en lo urbano. (fabiana martinez
Comunidad Guararapo Isiyegua:
ver anterior.
Comunidad del Bananal:
Es una comunidad de Guaraníes trabajadores rurales (Los Tucanes, Babicz, Blanco y otros) que viven siempre en una zona específica con su reclamo territorial latente en esa zona, no tenemos más datos que los aportados por Nicolás González (guaraní de la Iyigua Pentirami).
2- Colonia Santa Rosa.
Comunidad Indígena Guaraní Misión Bautista:
La comunidad tiene 300 familias y sufre lo que toda comunidad guaraní urbana: la falta de tierra para poder desarrollar su cultura. Las tierras donde viven son bajas y pertenecen a la Iglesia Bautista Argentina.
Jesús Iphá:
La comunidad guaraní Jesús Iphá, la que todavía no cuenta con el registro de su personería jurídica, están asentados en diez manzanas del norte de la ciudad de Colonia Santa Rosa. Presidenta vive en la esquina de Colombia y Ecuador. No tiene registro de Personería Jurídica.
Barrio Municipal:
La comunidad guaraní de Barrio Municipal de la Colonia Santa Rosa se ha asentado hace más de diez años (1996) en terrenos municipales y sus condiciones siguen siendo precarias al punto que luego de tantos reclamos todavía no tienen agua ni luz, mucho menos se habla de la titularización de las tierras, objeto de campaña de los intendentes Yanakis y de Dardo Quiroga, al igual que los servicios públicos esenciales (ver el video en http://www.youtube.com/watch?v=Vf3XOdtt6UE). No tiene registro de personería jurídica.
3- Pichanal.
Comunidad Ava Guaraní Misión San Francisco:
La Comunidad Guaraní de la Misión San Francisco de Pichanal habita tierras de la Provincia Franciscana de la Congregación Franciscana de la Iglesia Católica Argentina. Se asentaron allí en 1974, luego que El Ingenio y Refinería San Martín los desterrara de sus tierras originales (de La Capilla en La Loma de Hipólito Yrigoyen, vé Comunidad Indigena Guaraní Estación El Tabacal). Es una población que habita más de 44 manzanas en la ciudad de Pichanal. En 1990 a 1994 se escrituraron los terrenos del primer loteo (16 manzanas), pero sin la calidad de tierras comunitarias. El resto todavía pertenece a la Provincia Franciscana, la que quiere escriturar a nombre de la Comunidad, la que todavía está en conflicto (a pesar de haberse hecho asamblea de las 700 familias en enero de este año) por otras personerías jurídicas que ya no reclaman la representatividad de la comunidad. Es necesario que el Estado Intervenga subsidiando la entrega de las tierras y los conflictos desatados dentro de la comunidad (invasiones de criollos que hay que desalojar de esos predios).
Comunidad Ava Guaraní El Progreso:
La Comunidad Ava Guaraní del Progreso surgió a partir de una escisión de la comunidad Guaraní de Misión San Francisco (después de una inundación en el año 1996), los llevaron a las tierras donde está ahora el Barrio El Progreso en la ciudad de Pichanal y son seis manzanas. Ahí les construyeron unas viviendas precarias que están hipotecadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y desde hace tres años que reciben intimaciones para el pago de las cuotas. Hay que decir que ellos no eligieron vivir ahí, fueron trasladados y no se les aplica la ley 7121 ni la anterior provincial por las cuales no les corresponde pagar la vivienda y por constitución deben estar libres de hipoteca. Cabe señalar que en el año 2004 la provincia quiso privatizar las hipotecas del IPV.
Comunidad Ava Guaraní Villa Rallé:
La comunidad de Villa Rallé proviene de una parte de la Loma de Hipólito Yrigoyen llamada La Loma o La Cruz y se asentaron, en 1968, en los predios afuera de la ciudad porque el intendente (Abraham Rallé –padre-) no quería que se introdujeran en la ciudad y les dijo que se fueran a vivir a la orilla del río, de ahí el nombre de Rallé. En ese predio pasaba ya un gaseoducto y con el paso del tiempo también pusieron otros gaseoductos; lo que se suma que, debido al crecimiento de la población, se hizo la escuela en la comunidad, donde por su puerta pasan tres gaseoductos. En el año 2005 Abraham Rallé, por intermedio de su hermana Pocha Rallé –directora de esa escuela- quien tenía a su mando al presidente Flores de la Comunidad (+), le puso a la comunidad un abogado e hizo así una posesión veinteañal a su nombre, prometiendo que la empresa TGN (de los gaseoductos) compraría terrenos y casas para la comunidad en otro lado si ellos hacían protestas de cortes de ruta. La misma hermana del nuevo propietario, como directora de escuela, sacó los niños guaraníes en mayo del año 2005 a la ruta a hacer un corte por ese reclamo. La empresa TGN se comprometió a restablecer 250 familias de las 400 que viven ahí, pero hasta el día de hoy no tienen un lugar seguro de destino y siguen durmiendo en camas que a la noche tiemblan cuando limpian los poliductos.
Comunidad Misión Wichí:
La comunidad Misión Wichí sufre la misma intimación administrativa para pagar las casas construidas por la provincia de salta (IPV) con hipoteca sobre sus terrenos y no tienen el reconocimiento de la propiedad comunitaria con las garantías que exige la constitución, (en la foto, canal lleno de sangre del frigorífico bermejo al lado está la escuela Eva Perón de la Misión Wichí)
Comunidad Wichi El Algarrobito:
Comunidad Wichí que habita en el paraje El Algarrobito del lote 12 de Pichanal, tierra fiscal hasta 1995, lote reclamado por las comunidades guaraníes y wichis urbanas que habitan en el departamento de Orán por intermedio de la Junta de Caciques que tenía lugar en la Secretaría de los pueblos Indigenas de la Misión San Francisco de Pichanal. Esta comunidad, según el contacto de defensa Indígena (Adolfo Luna DNI 17.134.798, miembro de la comunidad Misión Wichí de Pichanal) no tiene relación con la civilización ni habla castellano.
4- Ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Comunidad Indígena Guaraní Estación el Tabacal:
Es conocido el conflicto de Estación el Tabacal desde la represión suscitada el 16 de septiembre de 2003, ya hace cinco años. En aquel momento recibieron la promesa ministerial de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, por entonces la Lic. Alicia Kirchner, de mandar por el poder ejecutivo la ley de expropiación. El proyecto se hizo en el INAI pero nunca se mandó a la cámara de diputados. La Comunidad ha sufrido, a causa de este conflicto de tierras, injerencias e iniquidades por parte de la Empresa Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL (en adelante el ingenio, perteneciente a la multinacional Seaboard Corporation). Una de ellas fue que El Ingenio, con complicidad del poder político (municipio de Yrigoyen y Gobierno de la Provincia de Salta) trajo a la ciudad de Yrigoyen a Rogelio Guanuco (presidente del AIRA en ese momento) para hacer una asamblea de destitución de Gumercinda Mónica Romero con el fin de hacer perder el reclamo de tierras, asamblea que se realizó el 26 de febrero de 2005. Esa asamblea fue custodiada por la policía de la provincia, de la que se dictó nulidad ese mismo año en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y suponemos que hubo una gran inversión en ella (lo que es una maniobra repetida en el ingenio, ver Comunidad Iguopeigendá). En el año 2004 el Ingenio le inicia un juicio a la comunidad de interdicto de retener la posesión, donde pedían una medida cautelar de no innovar. Actualmente la comunidad tiene ganado desde hace dos años una medida de no innovar en contra del Ingenio San Martín pero está recurrida y no tiene aplicación legal ni concreta donde los guardias del Ingenio custodian la tierra y tienen que entrar esquivando la violencia de esos guardias para entrar a sus tierras, que son cinco mil hectáreas de la zona alta al frente de la ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Comunidad Ava Guaraní Hipolito Yrigoyen:
Gran parte de la comunidad, al menos la nueva generación de la comunidad se asentó en tierras provinciales que la provincia compró al Ingenio San Martín en el año 2003, donde no tienen titularidad de los terrenos ni los servicios básicos elementales como ser agua y luz, están ahí desde el año pasado y son aproximadamente 50 familias que viven en esa situación. Su cacique es Juvencio Peña.
5- Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio 6 de enero:
La Comunidad guaraní de Barrio 6 de enero de la ciudad de Orán se proviene de la comunidad de Barrio Abraham Balut y se habían asentado en una manzana contigua al barrio perteneciente a la institución de Bomberos Voluntarios en el año 1998 teniendo una gran represión por ese hecho en ese año y nos desalojaron. Como no podíamos volver a nuestros hogares, plenamente hacinados, la municipalidad nos llevó a unas zonas inhabitables por ser una zona baja ex laguna donde queda el barrio seis de enero y nuestros niños en épocas de noviembre a marzo (lluvias) tienen que asistir a la escuela con barro hasta arriba del talón. Actualmente estamos reclamando porque nos están cobrando las tierras donde vivimos por contrato municipal y nos desconocen como comunidad. cacica Juana Castillo.
Comunidad Guaraní Balut:
Asentados hace más de veinte años. Las diez manzanas del Barrio pertenecen a la Sucesión de Simón Abraham, existen contratos firmados con los sucesores para la compra de la tierra, firmados bajo la amenaza de desalojo. A todo esto hay que sumarle dos manzanas de Federico Knudsen, que fueron objeto de ley de utilidad pública en el año 2005 y hoy ya caducó esa ley, más las tres manzanas ocupadas el 5 de mayo del año 2007, con ley de utilidad pública del 15 de noviembre de 2007.
Comunidad Guaraní Barrio Maravillas:
Es uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad de Orán y hace cuarenta años aproximadamente habitan las 15 manzanas que ocupa el Barrio A pesar de tener personería jurídica registrada hace varios años, la municipalidad de Orán quiere cobrarles por sus tierras, haciéndoles firmar un contrato por el cual les hace perder la posesión de las tierras, desconociendo la comunidad indígena y la obligación del Estado Argentino. Roberto Rojas y Norma Segundo autoridades de la comunidad. Tiene registrada su personería jurídica.
Comunidad Cua Cuariño Ge Zenta:
La comunidad Cua Cuariño Ge Zenta viene de una de las Colonias del Ingenio a asentarse en 1960 en tierras entre la ruta 50 y las vías del ferrocarril por motivos de trabajo en la Frutícola del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal. Esto es, en predios del ferrocarril dentro de la ciudad de Orán. Desde allí ocuparon por espacio de 36 años tres manzanas, hasta que la Diputada Zulema Beatriz Daher los saca de allí con la promesa de gestionar el título y construirles viviendas en el año 1996. La diputada gestionó la entrega de los terrenos a la municipalidad sin que el cargo de entregarlo a la comunidad estuviera en la escritura que otorgara la ONABE, y ahora el municipio desconoce tal obligación. Hasta ello la comunidad está hacinada en una pequeña franja que ha construido sus viviendas sobre las vías, a veces viviendo hasta 4 familias en un terreno de 8x15 metros, por lo que tuvieron que seguir ocupando los terrenos originarios con letrinas porque se hacía insoportable vivir con un baño en esa pequeña parcela. El estado actual es que entran en conflicto con la Municipalidad porque esta quiere construir una Terminal de Omnibus allí. Sus reclamos son por tres manzanas. Presidenta Maria Alpire 03878 15446946.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Evita:
Provienen de los lotes del Ingenio y se asentaron en el año 1986 en tierras cuya titularidad figura a nombre del Sucesorio de Ricardo Bernaldez. Hoy los sucesores están reclamando judicialmente esas tierras y sus terrenos tienen tres embargos del abogado de la sucesión -Justo Antonio Herrera- quien pretende rematar las tierras. Ocupa una de las dos manzanas del Barrio Evita en la ciudad de Orán. Presidenta Beatriz Sandalio
Comunidad Ava Guaraní de Barrio 17 de Octubre:
Provienen de la Colonia F del Ingenio y en 1992 se asentaron en lo que hoy es Barrio 17 de Octubre. Ocupan seis cuadras de las cuales tres son fiscales y las otras dos pertenecen al Sr. Martin, una a unos hermanos Aguilera y la última al Dr. Justo Antonio Herrera. Tienen siete sentencias de desalojo que involucra a 45 familias. Presidenta Elena Fernández 03878 1590232
Comunidad Ava Guaraní Barrio 1º de Mayo:
Esta comunidad escindida de la Comunidad Ava Guaraní campo Chico y Comunidad Ava Guaraní Barrio Aeroparque en un asentamiento que se hiciera el 27 de junio de 2007 sobre unas 20 manzanas (conocido como Asentamiento 1º de Mayo o Barrio Juan Taranto), sin embargo la comunidad no ocupa más de 205 terrenos. La zona está expropiada desde el 15 de noviembre de 2007 para entregar las tierras a sus ocupantes, pero la comunidad no está reconocida como tal y tampoco se ha pagado ni en parte la ley de utilidad pública. La personería Jurídica no tiene aún registro.
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Maderero:
La Comunidad Guaraní de Barrio Maderero se asienta sobre las dos manzanas que no están sobre la avenida Pueyrredón y no cuentan con la titularidad de las tierras ni tienen ninguna solución (la titularidad es de la sucesión Nabanuel), están poseyendo por haberse asentado clandestinamente hace más de treinta años en ese lugar.

Comunidad Ava Guaraní de Barrio Estación:
La comunidad de Barrio Estación es grande y está asentada desde 1977 y mayoritariamente desde 1996 en terrenos del Ferrocarril, ahora pasados a la Municipalidad de Orá, que quiere cobrar por tales terrenos en total desconocimiento de la personería de la comunidad ava guaraní y de la Constitución Nacional. En este momento, desde el 15 de diciembre de 2007, tienen cuatro manzanas más habitadas por un asentamiento en el barrio de tierras que antes eran del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, con sentencia de lanzamiento en causa penal, para 250 familias guaraníes. Rosa Perez cacique 03878 15540546.

Comunidad Ava Guaraní de Barrio Campo Chico:
El primer asentamiento por la comunidad que viene de las colonias C, D y H del Ingenio (cuando se jubilaban se iban a asentar ahí) se inicia en el año 1982, cuando era una plantación de naranjas abandonadas y con monte menor, y en el año 1992 la municipalidad de Orán da el contrato por el cual tenemos que pagar por las tierras que ocupamos, desconociendo nuestra organización guaraní. En el año 1996, con los despidos masivos del Ingenio de esas colonias del Ingenio San Martín, se integra la comunidad de forma permanente. La mayoría de la comunidad tiene los contratos municipales de cuotas totalmente impagas y vencidas, pero sabemos que nos corresponde que el Estado reconozca nuestros terrenos como propiedad comunitaria, ya que no los podemos pagar al precio que pide la municipalidad, ni a ningún precio. Solicitamos a la Nación que nos mida y nos escriture en propiedad comunitaria. Ahora, en esta nueva intendencia, se han renovado las intimaciones municipales para la cobranza y actualización de las cuotas que no tendríamos que pagar según la ley 26160. Son unas 350 familias y ocupan cuatro manzanas del Barrio. El presidente de la comunidad es la Sra. Nilda Segundo. Contacto: Vicente Rivero, tel. 03878- 15445592
Comunidad Ava Guaraní de Barrio Caballito:
Se asentaron en el año 1977 aproximadamente y ocupan 48 manzanas sobre la ruta 50, provienen de la Colonia Z del Ingenio del Tabacal. La titularidad de las tierras figura a nombre de la Municipalidad de la ciudad de Orán. En el año 2007 el ex intendente Barberá propone un plan de pagos para poder adquirir la propiedad de las tierras, por el que se emiten hasta el presente en forma mensual las boletas de pagos. Están pagando entre pesos siete mil y doce mil pesos un terreno en el que viven hace treinta años, cuando corresponde que por ley 26160 les escrituren como propiedad comunitaria con las garantías constitucionales. Cacique Ignacio Rodas, contacto Gregorio Martinez y Dolores Cachari 03875 15449440
Comunidad Guaraní Barrio Mitre:
En el año 1972 aproximadamente vinieron de la Colonia D (lote Mercedes) por los despidos del Ingenio San Martín del Tabacal a asentarse en tierras que pertenecían a Juan Zamar (hoy sucesión del Dr. Juan Zamar en San Salvador de Jujuy), hoy lo que es Barrio Mitre. Hubo hace 35 años una ley de expropiación pero nunca se pagó. Tiene una extensión de cuatro manzanas. Presidenta de la Comunidad Rosa Romero (te. 03878 15505971).
Comunidad Ava Guaraní Barrio 2 de Abril:
Se asentaron en el año 1998, provienen de familias guaraníes de distintos barrios que estaban hacinado en sus hogares. Consta de dos manzanas en el barrio de dicho nombre en la ciudad de Orán. Aún al día de hoy no tienen los servicios públicos elementales como agua ni luz, mucho menos la titularidad de las tierras, cuya titularidad pertenece al sucesorio de Miguel Saade y tienen sentencia de desalojo. Autoridades Walter Héctor Arroyo presidente (cel 03878 15590739), Martina Sixta Méndez cacica (cel 03878 15550576)
Comunidad Ava Gauraní de Barrio 9 de Julio:
Asentados en Barrio 9 de Julio aproximadamente hace 15 años, son tierras municipales y no cuentan con ninguna clase de título de propiedad. Son aproximadamente 70 familias se encuentran en esa situación de precariedad. No tiene registrada la personería jurídica.
Comunidad Indígena Ava Guaraní Ñamboete Ñande Ñee de Barrio Pueyrredón:
Presidente de la comunidad Raúl Gustavo Díaz (cel 03878 15577798), Ricardo Abandillo vocal primero. No tiene registrada la personería jurídica y ni titularidad de las tierras.

6- Orán.
Comunidad Tupi Guaraní Iguopeigendá:
Está ubicada en El Algarrobal - Río Blanco Banda Sur y sus noticias se remontan al siglo XVI, las tierras fueron compradas por Robustiano Patrón Costas y hoy tiene la titularidad el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, empresa con la cual mantienen un conflicto que ha llegado a ser sangriento (la empresa SEARCH SA, guardia de seguridad del Ingenio, irrumpió en terrenos de la comunidad y reprimieron a los miembros de la comunidad tan ferozmente que dejaron lisiado de por vida a Benjamín Flores). La empresa tiene perdido ya un juicio posesorio en contra de la comunidad, pero la empresa está demandando a la comunidad por un juicio reivindicatorio en la que EL ESTADO ARGENTINO abandona a la comunidad para dejarla en una supuesta “paridad de condiciones” para litigar frente a la empresa multinacional SEABOARD CORPORATION. La comunidad ha recuperado la posesión de 232 hectáreas en las condiciones señaladas, pero faltan recuperar otras 300 hectáreas más. Hoy sufren la usurpación (y desmonte) de terceros (que tienen antecedentes penales) mandados por la empresa para luego comprarle la posesión.
Comunidad Indígena Kolla Guaraní Rio Blanco Banda Norte:
La comunidad de Río Blanco Banda Norte es una comunidad Kolla que ha sido desalojada el dos de marzo de 2005, quedando afuera de sus tierras por 45 días hasta que se logró restituirlos a sus tierras. La titularidad de las tierras las tiene una empresa holandesa (Riozenta SRL) que ha comprado 6000 hectáreas a un precio de pesos diez mil a la empresa Higamar SA. Los predios de la comunidad consta de 707 hectáreas sin contar la costa del río (que no entró en el plano por un tecnicismo de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia).
Comunidad Kolla Las Juntas Paraje el Oculto:
Se cuentan con antecedentes de más de cien años de posesión de las tierras de Finca el Oculto por la comunidad Kolla de Las Juntas. Hace diez años la empresa Madenort SA compró la finca, pasó la aplanadora por las casas de la comunidad y sembró 100 hectáreas de gravilea. Como la comunidad no se fue del lugar, los tomó como empleados para su propia finca. A principios de este año, ya despedidos todos y sin que se vayan, la empresa los denunció de usurpación y la jueza hizo lugar a una medida cautelar de no innovar.
Comunidad Kolla de Finca San Ignacio:
Esta comunidad tiene tanta antigüedad como la de Finca El Oculto (Comunidad Las Juntas) y hasta hace unos diez años hasta tenían una escuela en la Comunidad. Hace unos quince años apareció el titular registral de las tierras y pasó también topadora a las casas de los miembros de la comunidad, alambró gran parte de la comunidad y los amenazó de que se fueran. Muchos migraron hacia la ciudad de Orán o fincas alrededor, por lo que se cerró la escuela tiempo después. Los que quedaron, a la orilla del río crian ganado vacuno, cabras y ovejas, pero el año pasado la empresa ( que fue variando de nombre: CEPROR, San Ignacio SRL, San Ignacio SA) puso vacas propias y está desalojando ya totalmente la finca que consta de unas 5000 hectáreas en el camino entre Finca el Oculto e Isla de Cañas (departamento Iruya). Presidente Juan Armando Aguirre. Inscripción de la Personería Juridica en trámite.
Comunidad Kolla Tinkunaku:
Es conocido el reclamo de tierras de la Comunidad Tinkunaku, por lo que se obvia en este informe. (para su actualización, preguntar al teléfono de la comunidad 03878- 423242).
Comunidad Kolla Isla Del Rio Pescado:
La comunidad Kolla Isla de Río Pescado habita en una formación de isla formada hace unos veinticinco años en el Río Pescado antes de atravesar el puente de la ruta 50, a la altura del puesto Cabo Romero Nº 28 de Gendarmería Nacional. No tienen titularidad de la Isla, la cual consta de 25 hec´tareas de tierra fértil, siendo alrededor de 50 hectáreas toda la isla y es su medio de subsistencia. No tienen puente para llegar allí, por lo que tienen que sacar la producción de frutos en gomones en épocas en que el río viene crecido.


Aguas Blancas.
Comunidad Guaraní Arroyo Solazuty:
La comunidad de Solazuti es una de las comunidades guaraníes más tradicionales del departamento, conservando su religión, idioma, culturas intactos, tanto que hasta conservan cantos rituales funerarios guaraníes, además de los aretes y mbimbi o festejos anuales. Vivian desde años inmemoriales a las márgenes del bermejo a la altura de la desembocadura del Arroyo Solazuty entre el Rio Pescado y la ciudad de Aguas Blancas. A fines de los años 1980 o a principios de los años 1990, el titular de la tierra (Granados, de nacionalidad española) los desterró de allí y fueron a parar a orillas de la ruta contra el Arroyo Solazuty, queriendo ser desterrados por el titular de esas tierras (Molina, de nacionalidad española) y quedaron actualmente viviendo bajo del puente. El Arroyo Solazuty fue tocado desde sus nacientes para que los miembros de la comunidad no tuvieran agua, y desde el año 2004, en épocas de junio a septiembre, la comunidad tiene que colar agua en una remera para sacar los renacuajos y poder tomar el agua por lo bajo que viene el Arroyo.
Tapé Iguapeguí:
La Comunidad de Tapé Iguapeguí cuenta con la posesión de más de 50.000 hectáreas a lo largo de todo el Río Tarija en las márgenes argentinas, terriblemente azotado por invasiones de bolivianos que invaden las zonas llanas para plantar cañas de azúcar a fin contrabandearlas y venderlas al Ingenio Azucarero Bermejo (cerca de la ciudad de Bermejo, Tarija, Bolivia). Si bien esta comunidad pertenece al departamento San Martín, entra en este informe por que administrativamente en la salud y otros (INTA) tenemos más conocimiento porque pertenece a la administración Provincial de Orán. Además de estas invasiones, no tiene título de ninguna de sus tierras, sufriendo un juicio de desalojo en el año 1998, que actualmente está paralizado porque tuvieron que resignar más de 4000 hectáreas a una empresa que los estaba coaccionando con las topadoras y recibir nulamente 250 hectáreas. Las demás hectáreas son zonas altamente conflictivas porque son de propiedad de Madenort SA (vé lo dicho sobre Comunidad Kolla Las Juntas) y tierras fiscales. Pasan Por allí 5 ductos de hidrocarburos y existen más de 50 pozos de petróleo, por lo que se ven amenazados no solo de desmontes, sino de desastres ambientales por emprendimientos mineros.
[1] Defensa Indígena es una Organización No Gubernamental dedicada a defender los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, sus Pobladores y Comunidades, tanto en los abusos de los gobernantes y empresas, como en el despojo de sus tierras tradicionales. Viene trabajando en esa dirección desde el año 2003 y está integrada por miembros y dirigentes de comunidades indígenas, con asesoramiento de profesionales de distintas áreas: abogacía, ciencias políticas, medicina, ciencias de la educación, ingenieros. Actualmente está presidida por Vicente Rivero (Comunidad Campo Chico), vicepresidenta Gumercinda Monica Romero (Comunidad Estación El Tabacal), secretaría Flavia Vilca (Angosto del Paraní), prosecretaría Gregorio Martinez (Comunidad Caballito), Fiscalizadores Ines Quiroga (Comunidad Mitre) y Rosa Perez (Comunidad Estación), Tesorera Gregoria López (Comunidad Iguopeigendá), protesorero Luis Segundo (Comunidad 9 de Julio), Vocal Marta Barrientos (Comunidad 17 de Octubre).
[2] C169OIT, CDDHH SJ Costa Rica
[3] leyes 23.302, Constitución Nacional, ley 24071
[4] comunidades indígenas que viven en la ciudad
[5] en la gran mayoría de los casos por la fuerza y por la expulsión que significa la expansión de la frontera agropecuaria, cfr. Gastón Gordillo, El Río y la frontera, 2003, Byblos
[6] los wichis de La Unión, dpto. Rivadavia Bda Sur, comen lo que recolectan de los basureros de la ciudad
[7] nunca se cumplió la educación bilingüe y su más grande enemigo es la discriminación que YA han sufrido: Los guaraníes (tanto de la ciudad de Orán como en la Misión San Francisco me he encontrado con esta historia) de una edad entre 50 y 60 años NO QUIEREN enseñar a sus hijos el idioma guaraní ni que lo aprendan pues ellos sufrían en la propia escuela violencia y discriminación por parte de las maestras que los castigaban y les decían delante de todos “no hablen ese dialecto de borrachines” (en orán, por obra del Ingenio, se conoce al idioma guaraní como un “dialecto” para no darle categría de idioma).
[8] Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, creado por ley 6373 de la provincia, suplantada por la ley 7121.
[9] Ver Comunicado de la Red de Derechos Humanos en http://www.salta21.com/spip.php?article832

REPRESIÓN EN ORÁN- NIÑOS BALEADOS POR LA POLICÍA

Noticias del NUEVO DIARIO DE SALTA

Más de una decena de lastimados y unos 24 detenidos dejó ayer la acción de la Infantería en San Ramón de la Nueva Orán, donde se concretó un violento desalojo de unas 70 familias ocupantes de un predio municipal, conocido como La Canchita, en el barrio El Milagro, en la zona noroeste de la ciudad.

Uno de los vecinos heridos muestra un proyectil usado por la policía.

Contrariamente a las previsiones legales, el desalojo (primero de la gestión de Juan Manuel Urtubey) se llevó a cabo a la madrugada, cuando todavía no había clareado. Testigos contaron que antes, se apagó el alumbrado público. El operativo estaba organizado: mientras la Infantería enfrentaba a la gente, otros policías desarmaban las casillas de madera y las cargaban en camiones municipales.

La orden de desalojo fue dada, el 13 de mayo, por el juez Correccional, de Garantías y de Menores de 1º Nominación Raúl López Baltazar, pero se ejecutó cuando este Juzgado estaba siendo subrogado por la jueza de Instrucción de 1º Nominación, Norma Vera.Al mismo tiempo se desalojó el asentamiento Manzana 18, cerca del barrio 25 de Mayo, aunque en este caso fue menos cruento.Del operativo en La Canchita habrían participado más de 300 policías.

Por versiones se sabe que hubo refuerzos de Tartagal y de Salta capital.

Los detenidos fueron liberados a la siesta. Hasta anoche no habían podido hacer el recuento de los heridos; se hablaba de siete, uno, José Segundo, seguía internado en el hospital público.

SKAF DEFENDIÓ EL OPERATIVO PERO LOS VECINOS DENUNCIAN ABUSO DE AUTORIDAD

Skaf defendió el operativo, pero los vecinos denuncian abuso de autoridad

Mientras el secretario de Seguridad, Jorge Amado Skaf, aseguró ayer que el operativo de desalojo de 72 familias que ocupaban un predio municipal en Orán se hizo “con todos los pruritos y garantías legales”, los desalojados realizaron al menos dos denuncias y analizaban anoche presentar otra por abuso de autoridad y vejámenes.

La presencia policial siguió durante todo el día en La Canchita.

En declaraciones a FM Ya, Skaf insistió en que se demoró “más de un mes”, en acatar la orden de desalojo y que en ese tiempo se trató de “disuadir”.

Sin embargo, el Poder Judicial precisó que el desalojo del asentamiento La Canchita, fue ordenado el 13 de mayo por el juez Raúl López Baltazar, tras un pedido de la fiscal Nadra Chaud de Tolosa.

Esta causa, iniciada por denuncia del secretario de Gobierno municipal, Alejandro Nieva, fue elevada a juicio por la jueza Norma Vera, quien subroga a López Baltazar.

Vera fue quien insistió para que los ocupantes fueran sacados. “Nadie puede estar contento con un desalojo”, afirmó Skaf, quien subrayó que “se trató de hacerlo de la manera más apegada a derecho”.

Añadió que si no se hacía el operativo “se venía una hecatombe” porque los habitantes de La Canchita tenían unamala relación con los del barrio Caballito y “a lo mejor se iban a agarrar a palos entre ellos”. “Desmiento eso”, respondió cuando se le consultó sobre los golpes a embarazadas.

Y dijo que cuatro policías están “hechos pelota”. Por su parte el abogado Hernán Mascietti discutía anoche con los desalojados los términos de una denuncia contra Skaf, los comisarios que dirigieron el operativo y el intendente Marcelo Lara Gross.

El jefe comunal fue denunciado ayer mismo por amenazas contra un adolescente. “Te voy a hacer desaparecer”, le habría dicho.

DECLARACIÓN DE LOS ESCLAVOS DE ORAN

DECLARACIÓN DE LOS ESCLAVOS DE ORAN (los que trabajamos en negro para el Gobernador).
miercoles 9 de abril de 2008
El día lunes 7 de Abril fuimos invitados por diputados del PJ y del Frente de la Victoria a tener entrevistas en el Grand Bourg con los ministros de Gobierno, Educación, Salud y Trabajo, para hablar sobre nuestro trabajo de esclavos. Hace 15 años somos la educación, la salud y los empleos públicos esclavizados. ¿Cómo que no somos esclavos? Nosotros le decimos al Sr. Gobernador: si usted tuviera un esclavo gastaría $200 por lo menos en alimentarlo y darle techo todos los meses, nosotros ganamos menos que eso, ganamos $150. Sr. Gobernador, el anterior gobierno nos mandaba los ministros para que nos mintiera en la cara que nos iban a dar solución; sus ministros ni siquiera dan la cara y mandan a secuaces de cuarta para decirnos que no nos darán ninguna solución. Hemos cambiado un gobierno mentiroso por un gobierno caradura.-
SOMOS EMPLEADOS PÚBLICOS, no tenemos obra social, no tenemos aporte jubilatorio, los planes sociales no han sido creados para cubrir empleos públicos, no tenemos aguinaldo, ni salario familiar, comenzamos las clases llorando porque no podemos comprarle una mochila barata a nuestras hijitas, casi todos nuestros hijos preadolecentes ya abandonaron la escuela, no tenemos derecho a enfermarnos, no tenemos vacaciones, los hospitales y colegios dependen de nosotros, cumplimos funciones administrativas muchas veces y nuestro sueldo alcanza para 4 días. A una compañera se le murió el hijo discapacitado y lo tuvo que velar en un cajón de manzanas este mes de febrero 2008, otra compañera se enfermó y sus remedios costaban $200 y tuvo que salir a endeudar su sueldo de $150 mensuales, otra compañera lloró porque hace 4 años que no puede tomar un helado porque mide su sueldo con cuenta gotas para la alimentación de ella y de sus hijos, otra compañera se le murió su madre en salta y no pudo viajar porque nadie le prestó dinero, y todos y cada uno de los trabajadores que hace 14 años que estamos trabajando tenemos una historia definida por la MISERIA, siendo esclavos o menos que eso cuando trabajamos de EMPLEADOS PÚBLICOS.
Pero el otro día fuimos a Salta, casi sin exigencias, porque lo exigente hubiera sido hablar con Usted, que nos visitó en nuestras cocinas del hospital y de las escuelas y nos abrazó y nos sacamos fotos y nos prometió en términos claros que íbamos a pasar a ser reconocidos como empleados públicos con todas las de la ley. Usted casi vivía en Orán en época de campaña, ahora ni siquiera nos recibe. Ni siquiera pedimos ver nuevamente su agradable y bonito rostro de la mentira, renunciamos a tanta exigencia. Nos contentábamos con ver a los ministros del cambio y esta vez creerles. Cuando llegamos a Salta no nos atendió ninguno de los cuatro ministros prometidos, nos mandaron agentes de 4ª y de 5ª. Renunciamos a nuestra exigencia y le explicamos que estaba bien que si no nos recibíamos, estos de 4ª y 5ª nos escucharan y lograran el mismo día un compromiso firmado por el Ministro y así terminar con nuestro trato inhumano. Renunciamos a exigir una solución justa: la quesería el reconocimiento de planta permanente con una compensación. Renunciamos a exigir una solución racional: la que sería dar un mes para juntar la información y se realice nuestro reconocimiento a planta permanente. Estábamos dispuestos a llegar una solución, por lo menos, humanitaria. Estábamos dispuestos a negociar CON NUESTRA ESCLAVITUD!. Que lo sepa toda la población de la provincia, SE NOS INSULTÓ CRUELMENTE.
Llegamos a una reunión “informativa” con funcionarios que no eran los prometidos y que no tenían decisión alguna sobre el tema, nos dijeron que nos iban a “informar” sobre un convenio que se había realizado entre la nación y la provincia para la solución de los planes jefes y jefas. Para decirlo mejor:
1) Nos mintieron que nos iban a recibir 5 ministros, no nos recibió ninguno;
2) No era una mesa de participación, era una mesa informativa, donde viajamos para cumplir la función del televidente mientras ellos explicaban;
3) Nos dijeron que ellos iban a cumplir (con nosotros) lo que se habían obligado con la Nación;
4) Nos dijeron que de ese convenio el 70% de nosotros quedábamos fuera;
5) Nos pidieron que siguiéramos realizando trabajo esclavo por “algunos meses más”;
6) Nos dijeron que si no seguíamos haciendo trabajo esclavo, le estábamos poniendo una pistola en la cabeza al gobierno;
7) Nos dijeron que no podíamos pedir nada porque en 100 días de gobierno todavía no podían tomar decisiones;
8) En definitiva, nos dijeron que habíamos sido invitados a Salta sin ningún sentido.
Solo se obligaron al día siguiente (8/4) a traer una comisión del Ministerio de Trabajo que no llegó jamás.
El pueblo de Salta paga los impuestos para tener salud y educación por lo menos, eso no pasa: el Hospital de Orán se mantiene con 199 esclavos a sueldo de planes sociales ¿y los impuestos?. Eso sí, los funcionarios del grand bourg están bien remunerados.
QUE LO SEPA LA POBLACIÓN DE SALTA: QUE ESTE GOBIERNO ES IGUAL AL ANTERIOR.
EL GOBIERNO ANTERIOR ERA MENTIROSO, ESTE ES DESCARADO.
LOS DOS SON ESCLAVISTAS Y JUEGAN CON EL HAMBRE DE LA GENTE TRABAJADORA.
DIOS QUIERA QUE NADIE CONOZCA EN CARNE PROPIA LOS INSULTOS Y DESPRECIOS DE ESTE GOBIERNO COMO LOS QUE HEMOS VIVIDO EL DÍA 7 DE ABRIL Y LO SEGUIMOS VIVIENDO.
EMPLEADOS PUBLICOS REMUNERADOS CON PLANES SOCIALES
AUTOCONVOCADOS DE ORÁN